Las obras de la segunda fase de la mal llamada variante de Mojácar llevan casi un año paralizadas. La oposición preguntó al alcalde, Francisco García, por los motivos en un Pleno, pero respondió con evasivas, aunque las razones del bloqueo de los trabajos van aflorando.
Ahora ha trascendido que uno de los afectados por la construcción de este vial reclama en la justicia que se desmonte el trabajo realizado y se restituya el aspecto original de los terrenos. Éste y otros motivos estarían detrás de la paralización voluntaria de las obras por parte de la Junta, a la espera de poder llegar a un acuerdo con propietarios disconformes con la expropiación de terrenos situados en la parte final de la carretera -la que está sin concluir-. Esto lo debe saber el alcalde, pero no lo cuenta.
Ya hemos informado sobre la disconformidad con las expropiaciones del propietario de 40.000 m2 afectados por la obra, que ha presentado una querella contra altos funcionarios de la Junta. Les acusa de consumar el expediente expropiatorio sin haberle remitido ninguna notificación.
Pero, además, cuando los 2,2 kilómetros de la obra están prácticamente concluidos, el mismo afectado pide que se deshaga todo lo hecho. Argumenta que el proyecto incumple la Ley de Carreteras.
«NO ES UNA VARIANTE»
En primer lugar, aduce que no es una variante. Ni siquiera una carretera, porque “transita y termina en una zona urbana, sin unir dos carreteras”. En otras palabras, “es una calle del planeamiento urbanístico” de Mojácar. El demandante subraya que “no existe proyecto de continuidad para unirlo con otra carretera”.
Añade que en el trazado “se han ejecutado cinco glorietas no contempladas en la fase de expropiación ni en el proyecto original”, razón suficiente por la que el expediente “debió volver a tramitarse de nuevo desde el principio”.
Además, dichas glorietas “no son rotondas, porque no unen” la vía con “ninguna otra carretera o calle”. Abunda el afectado que lo único que consiguen es “disminuir la capacidad de circulación” de la supuesta variante, por lo que “no son acordes con la normativa de Carreteras”.
Por todo lo expuesto, este propietario, que ha presentado una querella contra altos funcionarios de la Junta por la construcción de la mal llamada variante de Mojácar, solicita que el proyecto sea “declarado nulo, restituido el paisaje a su estado original y condenados los responsables del gasto ilícito del dinero público y de la destrucción de propiedades privadas”.
El alcalde conoce este conjunto de detalles y muchos otros, puesto que es miembro de la Comisión de Seguimiento del proyecto, pero en el último pleno se limitó a decir que la obra «se quedó paralizada en su tramo final por cuestiones legales por conflicto con una expropiación. Parece ser que ya han dado viabilidad para finalizar. Desconozco si ya se ha llegado a un acuerdo con este señor pero sí sabemos que las obras van a continuar a lo largo de este mes, con la intención de finalizar entre febrero o marzo de 2026». Nada dijo en el pleno el regidor sobre el conjunto de obstáculos que retrasan -ya por un periodo de 10 meses- la finalización de la infraestructura sufragada, voluntariamente, en su mayor parte por el consistorio, si bien la competencia de estos proyectos son exclusivos de la Administración Regional.
«¿Entonces se ha empezado una variante que no estaba todo claro el tema de las expropiaciones?», inquirió el único concejal de la oposición asistente a la sesión, Francisco Flores, a lo que el alcalde contestó: «No, lo que le he dicho es lo que le he dicho, que hay un señor que durante el transcurso de la obra no estaba de acuerdo con la expropiación, recurrió y, como sabes, el recurso de las expropiaciones es largo y tedioso». En definitiva, el alcalde tuvo que asumir que se empezó a construir sin las garantías de poder terminar, dado el cabo suelto de las expropiaciones.
No deja de ser curioso que el regidor haya mantenido silencio estos 10 meses de retraso, decidiendo no informar a la población, pese a que son los dineros del contribuyente mojaquero los que sufragan más del 60% de la obra más cuantiosa que se ha hecho en Mojácar. Ello por voluntad de sus gobernantes locales.
EL 62% LO PAGA EL ERARIO MOJAQUERO
Porque, como decíamos, la obra es de competencia autonómica y su construcción fue impulsada por la exalcaldesa de Mojácar Rosa María Cano (PP), quien firmó un convenio que comprometía al municipio a sufragar el 50% de la inversión prevista inicialmente -el presupuesto original ascendía a 6 millones-, aunque el Gobierno andaluz se beneficiaría de la previsible rebaja de la licitación.
Además, el Consistorio solicitó la financiación de un millón de los 3 que le tocó aportar inicialmente, lo que supondrá “no menos de 600.000 euros en intereses”, según el secretario local de los socialistas y técnico bancario Manuel Zamora. Significa que la relación de aportaciones en la obra quedó muy diferente a la prevista: frente a los 2,3 aportados por la Junta, los mojaqueros harán frente a 4 millones de euros, el 63,5%.
La cifra podría aumentar si sobre el consistorio recayese el peso de una de las cláusulas del acuerdo con la Junta, como consecuencia de esta discrepancia de millones en las expropiaciones. Esa cláusula dispone que los excesos de medida de la obra -aquel gasto que sea necesario hacer fuera del proyecto- serán compartidos con la Junta. Reiteramos entonces que el «exceso de medida» que maneja el PSOE provincial -que suma posibles indemnizaciones por expropiaciones presuntamente indebidas- ronda los 15 millones. Pero no podemos adelantarnos a los acontecimientos. Hoy sabemos que el tema está en manos de la Justicia y habremos de esperar sus decisiones.
Por lo pronto, este vecino que se resiste a la expropiación de sus terrenos ha declarado: «Mi posición no tiene que ver con el dinero, sino con que la Administración use la ley en igualdad de circunstancias para todos los ciudadanos». (VEA NUESTRA PORTADA DE HOY)
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