A las 9:45 de este viernes, 12 de junio, ha declarado en el Juzgado de Vera el secretario de la Comunidad de Regantes de la pedanía antusa de Jauro, Gabriel Cano. La entidad, que agrupa a 25 socios, esta acusada de haber cometido, junto a otros vecinos de Antas, un delito contra el medio ambiente que habría causado daños estimados por el Servicio para la Protección de la Naturaleza (SEPRONA) en 407 millones de euros. La tasación final ha quedado en manos de la Consejería de Agricultura.
El origen estaría en el uso supuestamente ilícito entre 2018 y 2024 de un conjunto de pozos en Antas -dos de ellos pertenecientes a la Comunidad de Jauro y presuntamente ilegales-. El SEPRONA llevó a cabo el pasado año investigaciones en el marco de la Operación Astalla, en cuyas conclusiones se dice que fueron extraídos 9,5 Hm3 de agua de la cubeta de la Ballabona-Sierra Lisbona-Río Aguas. Hay 12 imputados, entre ellos la Comunidad de Regantes de Jauro.
El abogado de los regantes ha declarado esta mañana a ACTUALIDAD ALMANZORA que los pozos no son ilegales, de hecho “están siendo usados desde hace 25 años de manera regular, incluso han sido beneficiados con subvenciones de la Junta de Andalucía”.
Los pozos fueron precintados por el SEPRONA el pasado 31 de mayo y, desde entonces, “han dejado de regarse alrededor de cien Hectáreas, 50 de ellas de cítricos y se han quedado sin agua doce viviendas que se abastecían de ambos sondeos». También se han quedado sin abastecimiento «dos granjas con 600 cabezas de ganado”, apunta Cano.
El letrado señala que recurrirá el precinto de los pozos y que «el caso tardará años en resolverse; para entonces, habrá ocasionado un perjuicio de más de 10 millones de euros a mis defendidos, sobre todo por las 50 Has de árboles, que se habrán secado todos”.
La Operación Astalla del SEPRONA parte de la denuncia de un vecino de Aljáriz, que acusó a la Comunidad de Regantes de Jauro y a otros propietarios de pozos en Antas de sobreexplotar los acuíferos causando la salinización de los suyos. El Seprona valoró los daños al medio ambiente en 407 millones de euros, dando lugar a la apertura de una causa judicial. En este contexto se ha producido la declaración del secretario de la Comunidad de Jauro ante el juez. (VEA NUESTRA PORTADA DE HOY)
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