🎙️ Informativo 01/07/2026
El pleno ordinario del Ayuntamiento de Garrucha, convocado ayer a las 17.00 horas, se vio interrumpido unos 15 minutos después de su inicio por el desalojo del público del salón de plenos por orden del alcalde, Álvaro Ramos justifica su decisión por la «alteración del orden» que se producía durante los turnos de palabra de los concejales. El primer edil afirma que denunciará a José Soler, militante socialista conocido como ‘el Coco’, por los insultos que, según su versión, le profirió durante el desalojo.
Según Ramos, el público «en su mayoría afines al PSOE -entre 15 y 20 personas- abucheaba a los concejales del PP y al propio alcalde durante sus intervenciones. Tras pedir silencio en dos ocasiones sin éxito, ordenó a la Policía Local que desalojara el salón. Fue entonces cuando, según el alcalde, Soler le llamó «tonto y gilipollas». Los agentes le identificaron y levantaron acta de lo ocurrido.
El video recoge un momento del desalojo:
El alcalde ha señalado al PSOE como responsable de la crispación de los asistentes y ha asegurado que el clima de tensión vivido en el pleno responde a una estrategia de la oposición. En este sentido, afirmó que durante la sesión llamó dos veces al orden a la portavoz socialista, María López.
Puede escuchar las declaraciones de Álvaro Ramos en el siguiente archivo de audio:
Tras el desalojo, el pleno continuó su curso. En el apartado de ruegos y preguntas, Ramos afirma que el Grupo Municipal Socialista le acusó de que la anunciada contratación de detectives privados para controlar las bajas laborales es «una muestra más del acoso que ejerce sobre los trabajadores y sobre el municipio».
El pleno tenía como punto principal el reajuste del plan de pago a proveedores que se aprobó durante el anterior mandato socialista y que, según el alcalde, «no se llegó a ejecutar». La revisión de este documento, que debe ser elevada al Ministerio de Hacienda, es necesaria para que el Gobierno central tenga la justificación y seguridad de que el ayuntamiento hará frente al préstamo que se conceda para tal fin.
Garrucha se vio obligada a acogerse al Mecanismo de Pago a Proveedores (MPP), un instrumento del Gobierno central para que los ayuntamientos pudieran saldar sus deudas con autónomos y empresas proveedoras. Este mecanismo obliga a los consistorios a someterse a un estricto plan de ajuste económico a largo plazo, que ahora debe ser revisado y actualizado para garantizar el cumplimiento de los pagos. (VEA NUESTRA PORTADA DE HOY)



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