Al cabo de once meses de silencio sobre la paralización de las obras de la segunda fase de la mal llamada variante de Mojácar, el alcalde, Francisco García, ha hablado. Tanto tiempo ha tardado este hombre en coger impulso para contarle algo a sus vecinos, que son los que realmente van a pagar la cuenta. Sigan leyendo y comprenderán por qué.
Fran se ha expresado como un novato, derrochando bisoñez política, inmadurez e infantil enfado. Escuchando su versión, cualquiera que sepa de lo que va la vaina rápidamente se da cuenta de que para él la verdad no es importante. El alcalde entona un discurso tramposo, absolutamente falso, culpando al PSOE de unas obras emprendidas por el Gobierno local del PP. ¿Cómo olvidar que fue la exalcaldesa popular Rosa María Cano quien llamó a la puerta de la Junta, entonces gobernada por el PSOE, y se brindó a realizar la ‘variante’ con fondos municipales, comprometiendo millones del erario del Ayuntamiento en una actuación que correspondía exclusivamente a la Junta de Andalucía? Esta generosidad es insólita en la comarca y el universo municipal de España. Fran tira de historia; alude al convenio suscrito con la Junta en 2017 (gobernada por los socialistas) sugiriendo entre líneas que el Ayuntamiento fue obligado a firmarlo. Falso. La propuesta de sufragar completamente la infraestructura, insistimos, fue iniciativa de su antecesora Rosa María Cano.
(Escuche las declaraciones del alcalde)
Pero sigamos. Fran ha roto su silencio mostrando como victoria lo que a todas luces es un mayúsculo fracaso desde el punto de vista táctico y también del económico.
Desde el táctico porque, en realidad, esta segunda fase no es una variante. No lo es porque no une dos carreteras, sino que termina en un “fondo de saco”, en medio del entramado urbano de la costa, obligando a los usuarios a transitar por calles. Pincha, por tanto, el primer y principal objetivo de esta infraestructura, que es aliviar el tráfico de la costa mediante una vía rápida y sin obstáculos -hay cinco rotondas- que facilite la entrada y salida de Mojácar.
Y, desde el punto de vista económico, porque no tenía que haber costado ni un solo euro a los mojaqueros, ya que se trata de una vía de titularidad regional. Sirva como ejemplo que la Junta pagó íntegramente las variantes de Garrucha, Vera y Pulpí. También la primera fase de la de Mojácar. Como debe ser y que reúne todas las exigencias normativas para llamarla variante.
El propio Fran muestra una alegría muy cuestionable cuando destaca que “por primera vez la administración autonómica comparte el esfuerzo económico con el Ayuntamiento”. Y no le falta razón, porque ningún otro ayuntamiento se suele prestar a desembolsar un solo euro en una obra que no le corresponde, ya sea de la Junta o del Gobierno de España. Las líneas de AVE, los aeropuertos, las autovías o los hospitales no competen a las administraciones locales, tampoco construir o ayudar a construir variantes.
Sin embargo Fran, en un preocupante alarde de ignorancia, insiste y recalca que “gracias al PP (de Mojácar) y al Gobierno Regional del PP, el Ayuntamiento sólo va a tener que pagar 2,9 millones de un coste total del proyecto de 4,9, porque la Junta asume el 50% del proyecto y las expropiaciones complementarias”. Falso. Olvida añadir precisamente la parte correspondiente al Consistorio de esas “expropiaciones complementarias” y de las partidas pertinentes a las modificaciones del proyecto. Es decir, la mitad de todo lo que surja sin haber estado contemplado originalmente. Tampoco se detiene en que el Ayuntamiento solicitó un préstamo millonario para hacer frente a la obra, con sus correspondientes intereses. Sumadas todas estas partidas, el Ayuntamiento habrá contribuido con una cifra aproximada a los cuatro millones a sufragar una obra que no es de su competencia. Y la suma total, como la obra, aún no ha terminado. Por tanto, Sr. alcalde, en lo público, nunca es un éxito apoquinar lo que no corresponde. Tampoco resulta muy leal contarle a tus vecinos que la operación ha resultado extraordinaria para los intereses municipales, porque en lugar de pagarlo todo, como pretendía inicialmente la exalcaldesa Rosa María Cano, ahora sólo vas a pagar el 60% de lo que debía ser asumido únicamente por la Junta de Andalucía.
Una forma muy diferente de velar por el dinero de sus vecinos es la del alcalde de Pulpí, Juan Pedro García, quien llevó a la Junta a los tribunales para exigir 95.524,70 euros correspondientes a la limpieza durante tres años del Centro de Salud, competencia regional. Lo hizo gobernando aún el PSOE, y la justicia dio la razón al regidor en 2019, con el PP, el partido de Juan Pedro, ya en el Gobierno regional. El regidor volvió, con los suyos en el poder, a reclamar 200.000 euros más. El pulpileño defendió el dinero de sus vecinos porque no había acuerdo alguno que repartiese ese gastos.
En el otro extremo encontramos a un Fran entusiasmado por “compartir esfuerzo económico” para pagar una obra de la Junta, prometida hace 20 años. Y se enoja como un niño chico con quien le critica la decisión.
Hay otro detalle no menor en toda esta historia. En su origen, Rosmari insistió en hacer el proyecto, en definir su recorrido, en decidir por qué lugar pasa y a quién afecta. Muy propio de ella controlar sobre qué vecinos caen las cargas de las expropiaciones y sobre quiénes los beneficios de las revaloraciones del suelo. No es extraño que la Junta se haya topado con problemas a las hora de ocupar los terrenos, con los problemas que, a la postre, han devenido en retrasos en la culminación de la ‘variante’. Habría que preguntarse qué datos obraban en el catastro y quien del Ayuntamiento los había facilitado. Si estaban actualizados, si el desposeimiento de propiedades a los privados se hizo en tiempo y forma y con material informativo de primera, o si era material averiado. Más bien parece lo segundo a juzgar que la paralización de la obra no provino de una orden judicial, sino por decisión propia de la Junta, que temiendo graves errores y en evitación de otros mayores optó por parar, revisar e iniciar un expediente de deslinde que garantice la ausencia de errores y de querellas de particulares, todo ello como traca final a tanto desatino. Entonces, se pregunta la calle, ¿todo se inició si tener la garantía de que el suelo de la ‘variante’ era de titularidad pública? ¿Cómo se ha corrido el riesgo de invadir lo ajeno? Pues parece que sí.
Concluyamos pues, que la Junta delegó en el Ayuntamiento resolver aspectos esenciales del proyecto porque le interesaba el dinero municipal. Tanto ponía este Consistorio dadivoso, tanto se ahorraba una Junta ajena a las cuitas e intereses vecinales, y dejó a Rosmari trabajar sin ataduras, cumpliéndose su santa voluntad. Y entonces, en los 170 metros finales surgieron los conflictos, el resultado de años de enredos, los últimos 11 meses de paralización para bachearlos. Una variante que no es variante y cuyo principal servicio no será mejorar el tráfico, sino dar acceso a las futuras urbanizaciones a un lado y otro de la calle. Y en esas estamos. En esas y en el silencio de Fran, el alcalde. En lo que Fran no cuenta. En lo que quizá ni sabe por ignorante. O en lo quizá no dice para no señalar a su propio partido y a el mismo.
Tampoco el PSOE local es ajeno a todo esto. Brindaron y celebraron el ominoso acuerdo de 2017 por aquello de la lealtad a las siglas, la lealtad a sus compañeros dirigentes de la Junta. Si a sus jefes de Sevilla les pareció bien firmar el convenio, qué pintaban ellos criticándolo aun conscientes de que aquello no beneficiaba a sus vecinos.
Todo esto, toda esta información es la que Fran ni ha querido ni quiere transmitir a los mojaqueros. Porque quizá son gente tan sencilla que no la comprenderían, debe pensar. Y vive Dios que es importante saberla para conocer el porqué de esta cosa llamada variante.
Si alguien ha dado de bruces con este galimatías sin probarlo ni comerlo, es la Junta que hoy dirige Juan Manuel Moreno, que encontró todo bien atado por Rosmari y los gobernantes socialistas de entonces y no le ha quedado otra que seguir con cara de aquí no pasa nada. Lo dicho, ver para creer.
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