🎙️ Informativo 13/10/2026
El alcalde de Garrucha, Álvaro Ramos, advierte a posibles inversores que no podrán construir viviendas en los terrenos del faro porque el Ayuntamiento ha iniciado un expediente “para modificar las normas urbanísticas con el fin de dotar a esos terrenos la categoría de interés público”.
Una empresa externa, según Ramos, es la que se está encargando de preparar la documentación técnica previa para la modificación puntual del planeamiento. El alcalde explica que dicha empresa, cuyos servicios tiene un coste de 4.500 euros, ya tiene avanzados los trámites previos. En la parcela, “podrá construirse una estación de autobuses, la oficina de la Policía local o un cuartel de la Guardia Civil. Vamos a proteger el faro y quiero que los inversores lo sepan”, concluye el primer edil.
Hace un par de semanas, la Autoridad Portuaria de Almería volvía a sacar a subasta los 4.522,70 m2 de la parcela ocupada por el faro. Lo hacía rebajando un 15% los 2.673.546,65 euros de precio inicial que había pedido en una primera licitación que quedó desierta.
Puede escuchar al alcalde de Garrucha en el siguiente archivo de audio:
Cuando en 1880 la Dirección General de Obras Públicas decretó y ordenó el proyecto del nuevo faro para dar cobertura al enorme tráfico minero y comercial de la zona —que se inauguraría la noche del 28 de noviembre de 1881—, los terrenos agrícolas de la periferia municipal necesarios para levantar la torre y las viviendas de los fareros fueron cedidos de manera gratuita por el pueblo de Garrucha al Estado a través de convenios de la época para albergar este servicio público. Tanto los colectivos ciudadanos como el propio Ayuntamiento recuerdan e invocan constantemente en sus actas y declaraciones que esta parcela se cedió gratis en el siglo XIX únicamente para albergar una señal de ayuda a la navegación.
El origen del conflicto se remonta a septiembre de 2021, cuando el faro dejó de funcionar como señalización marítima al trasladarse la señal a una torre moderna en Mojácar. A partir de ese momento, y tras publicarse la Orden Ministerial de desafectación del dominio público portuario, el suelo perdió jurídicamente su «causa de utilidad pública» . Según el ordenamiento jurídico de costas y patrimonio del Estado, al extinguirse las funciones portuarias tras la desafectación, el suelo no revierte de forma automática al municipio cedente, sino que se integra directamente en los bienes patrimoniales de la Autoridad Portuaria, que es la que ha intentado subastarlo de nuevo. Por esta razón, la indignación local radica en que el suelo que el municipio regaló desinteresadamente hace casi 150 años para el beneficio común termine ahora privatizado o convertido en una promoción inmobiliaria de lujo, en lugar de ser devuelto a los garrucheros para equipamiento municipal, como la proyectada estación de autobuses.
La primera subasta, celebrada en abril, quedó desierta: nadie quiso comprar. Ahora, con la rebaja del 15%, la Autoridad Portuaria intenta de nuevo vender la parcela. Pero el Ayuntamiento mantiene su pulso y sigue adelante con la modificación del planeamiento. (VEA NUESTRA PORTADA DE HOY)
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