A las 9:45 de este viernes, 12 de junio, está citado a declarar en el Juzgado de Vera el secretario de la Comunidad de Regantes de la pedanía antusa de Jauro, Gabriel Cano. La entidad, que agrupa a 25 socios, esta acusada de haber perpetrado un delito contra el medio ambiente que habría causado daños tasados por el Servicio para la Protección de la Naturaleza (SEPRONA) en 407 millones de euros.
El origen del delito estaría en el uso supuestamente ilícito entre 2018 y 2024 de dos pozos de la Comunidad presuntamente ilegales, cuestión que niega el abogado de los regantes, quien asegura que los sondeos “están siendo usados desde hace 25 años de manera regular, incluso han sido beneficiados con subvenciones de la Junta de Andalucía”.
Los pozos fueron precintados por el SEPRONA el pasado 31 de mayo y, desde entonces, “han dejado de regarse alrededor de cien Hectáreas, 50 de ellas de cítricos, se han quedado sin agua doce viviendas que se abastecían de ambos sondeos y dos granjas con 600 cabezas de ganado”, apunta Cano.
Por su parte, el abogado señala que recurrirá el precinto de los pozos. “El caso tardará años en resolverse y, para entonces, habrá ocasionado un perjuicio de más de 10 millones de euros a mis defendidos, sobre todo por las 50 Has de árboles, que se habrán secado todos”.
El caso parte de la denuncia de un vecino de Aljáriz, que acusó a los regantes de Jauro de sobreexplotar sus pozos causando la salinización de los suyos.
Además de la Comunidad de regantes de Jauro, en el expediente judicial aparece como investigado otro vecino de la barriada antusa con dos pozos también precintados. Curiosamente, el pozo señalado por el denunciante no ha sido sellado por el SEPRONA, aunque no puede utilizarse porque fue desmontado por la Comunidad previendo que podría ser cerrado por orden judicial. (VEA NUESTRA PORTADA DE HOY)
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