🎙️ Informativo 27/03/2026
Hoy viernes se ha abierto al tráfico la segunda fase de la ‘variante costera’, una infraestructura que la asociación Salvemos Mojácar califica de “atentado ambiental” y “despropósito ambiental sin sentido”.
En un comunicado, el colectivo ha denunciado que el proyecto desemboca “en medio de la nada”, sin conectar con la playa, y que solo podrá ser utilizado “por un puñado de vecinos de la zona”. La agrupación ecologista ha asegurado que el equipo de gobierno local (PP) se ha dado “prisa en acabar las obras” antes de que el juzgado se pronunciara sobre la nueva petición de medidas cautelares de paralización que presentó el pasado 2 de marzo, unos plazos que, según advirtió entonces, facilitaban que la infraestructura se completara antes de cualquier resolución judicial.
Salvemos Mojácar lleva años litigando contra el proyecto, al que considera un “cúmulo interminable de irregularidades”. En su escrito, la asociación recuerda que la variante ya estuvo más de un año parada por problemas con las expropiaciones, y que ahora se abre pese a arrastrar “un asedio judicial múltiple” que, a su juicio, “probablemente lleve al cierre y desmantelamiento a corto o medio plazo”. El colectivo ha anunciado que, mientras espera el fallo del recurso contra la Autorización Ambiental Unificada (AAU) concedida por la Junta de Andalucía, continuará con su ofensiva judicial en cuatro frentes: el propio recurso contra la variante, dos contra el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y otro contra la urbanización de Cañada Aguilar.
La asociación ha hecho público un informe pericial de más de cien páginas, incorporado recientemente al recurso, en el que se detallan las supuestas deficiencias ambientales del trazado. Según el documento, la variante fragmenta “los sectores más ecológicamente sensibles de la zona”, con “un exterminio seguro de flora y fauna protegida como la Tortuga Mora” —en periodo de hibernación—, y afecta a hábitats de interés comunitario (HIC) como los 5330, 6220 y la proximidad del 1510*.
Dicho informe recomienda la suspensión cautelar de las obras por “fumus boni iuris” (apariencia de buen derecho) y “periculum in mora” (peligro en la demora), y concluye que la AAU otorgada por la Junta de Andalucía contraviene informes previos de sus propios técnicos de 2019, que valoraban positivamente el entorno natural y rechazaban la propuesta por su vinculación urbanística. El texto señala que “el reciente cambio de postura administrativa no responde a nuevos datos técnicos, sino a motivos político-económicos”. (VEA NUESTRA PORTADA DE HOY)
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