Lo que Fran no cuenta (1): la 'variante' bajo sospecha de "prevaricación y banda organizada para la especulación"

Las obras de la segunda fase de la -mal llamada- variante de Mojácar llevan casi un año paralizadas. La oposición preguntó al alcalde, Francisco García, por los motivos en un Pleno, pero respondió con evasivas. La verdad es que el bloqueo se debe a una querella contra el jefe provincial de Carreteras de la Junta, Francisco Javier Conchillo; el técnico de expropiaciones de Almería, Pablo Ocaña, y otros funcionarios, por la supuesta comisión de varios delitos en el expediente de construcción de la citada carretera.

Concretamente, un afectado por la expropiación pide que se les acuse de «prevaricación, fraude, ocupación y destrucción de propiedad privada y existencia de banda organizada para la especulación».

En la demanda presentada, el denunciante aduce que nunca le notificaron la expropiación de sus propiedades afectadas, pese a lo cual, le fueron “ocupadas y destruidas” alrededor de 40.000 m2. Además, informa sobre varias circunstancias que podrían provocar la nulidad del proyecto de construcción.

Enumera que la supuesta variante no une dos carreteras, sino que “transita y termina en zonas urbanas”; “no existe continuidad para unirla con otra carretera”; ha incluido “cinco glorietas no contempladas en la fase de expropiación ni en el proyecto original”, por lo que debió “reiniciarse” la tramitación del expediente; ninguna de las glorietas es una rotonda porque no unen la vía “con ninguna otra carretera o calle”, limitándose a “disminuir la capacidad de circulación contraviniendo la normativa” vigente.

La denuncia concluye exigiendo “delimitar responsabilidades” de los técnicos citados, acusados de haber perpetrado presuntamente “todas y cada una de estas irregularidades”.

Aunque la obra es de competencia autonómica, su construcción fue impulsada por la exalcaldesa de Mojácar Rosa María Cano (PP), quien firmó un convenio por el que comprometía al municipio a sufragar el 40% de la inversión prevista inicialmente -el presupuesto original ascendía a 6 millones-, aunque el Gobierno andaluz se beneficiaría de la previsible rebaja de la licitación y el Ayuntamiento se haría cargo de pagar el proyecto y las posibles modificaciones del mismo por “exceso de medición”.

Además, el Consistorio solicitó la financiación de un millón de los 3 que le tocó aportar inicialmente, lo que supondrá “no menos de 600.000 euros en intereses”, según el secretario local de los socialistas y técnico bancario Manuel Zamora. Significa que la relación de aportaciones en la obra quedó muy diferente a la prevista: los mojaqueros harán frente a 4 millones de euros, el 63,5%, frente a los 2,3 aportados por la Junta. (VEA NUESTRA PORTADA DE HOY)