🎙️ Informativo 29/04/2026
La asociación Unidos por Baria ha manifestado su profunda indignación tras el encuentro mantenido con los responsables de la Delegación de Cultura de la Junta en Almería el pasado 8 de abril. El presidente de la asociación, el historiador Juan Grima, dice sentirse “engañado”, porque lo que debía ser una reunión de trabajo para garantizar la protección del yacimiento de Villaricos se ha saldado, según la organización, con una “preocupante muestra de parálisis institucional”. La asociación lamenta la “absoluta falta de sensibilidad” y el “desconocimiento técnico” mostrado por el delegado de Cultura, Juan José Alonso, cuya gestión tildan de ineficaz ante la amenaza de construcción de 24 viviendas sobre restos arqueológicos que consideran de valor incalculable para el patrimonio mediterráneo.
Para Unidos por Baria «quedó patente que el delegado de Cultura desconoce la magnitud de lo que ocurre en Baria”. La asociación explica que Alonso “aportó datos erróneos en un intento de diluir la responsabilidad de la Junta de Andalucía en la situación de la parcela en litigio».
“DESCONOCIMIENTO TÉCNICO Y ERRORES”
Durante la sesión, los representantes de Unidos por Baria, entre los que se encontraban. Además de Juan Grima, el vicepresidente de la asociación, Antonio Rubio, y la tesorera, María del Mar Martínez, denunciaron que la administración maneja “datos erróneos” sobre la situación de la parcela en litigio. Según explica la asociación, fue necesaria la intervención directa de su presidente para aclarar la cronología administrativa desde el año 2013 y señalar la “falta de diligencia” por parte de la abogacía de la Administración Andaluza. La asociación sostiene que los responsables de proteger la cultura ignoran la relevancia de hallazgos únicos, como la construcción portuaria conocida como ‘neoria’ -factoría dedicada a la construcción de barcos-, cuya importancia científica sitúan al nivel de los restos hallados en Grecia y por encima de otros yacimientos de renombre internacional como el de Marsella.
“OPACIDAD ADMINISTRATIVA”
Uno de los puntos de mayor fricción en el encuentro fue la imposibilidad de acceder a las memorias arqueológicas que sustentan las decisiones de la Junta. La asociación critica que la Delegación “se escude en la propiedad intelectual de la arqueóloga para prohibir la consulta de documentos que fundamentan resoluciones públicas”. Para Unidos por Baria, “cualquier documento privado que genere un acto administrativo pertenece a la ciudadanía y debe ser transparente”. A pesar de que se les informó del envío de la Memoria Final a un tribunal en Sevilla, la asociación percibe el desvío del asunto a la unidad de transparencia como una estrategia de dilación para evitar que la sociedad civil conozca el contenido real de los informes.



“PRIORIDAD DE INTERESES PRIVADOS”
La postura oficial de la Delegación, que rechaza dictar medidas cautelares para no perjudicar a la empresa promotora, ha sido calificada por la asociación como un ejercicio de dejación de funciones. Unidos por Baria subraya la contradicción de que el delegado afirmara que él “no daría la licencia si fuera alcalde”, pero se niegue a ejercer sus competencias legales para recomendar la paralización del expediente al Ayuntamiento de Cuevas. La organización compara esta situación con el éxito de movilizaciones en otros puntos de Andalucía, como el Cabezo de San Pedro en Huelva, y denuncia que en Almería existe un muro de opacidad que favorece el lucro personal de los propietarios frente al legado histórico de la nación.
«SILENCIO ADMINISTRATIVO«
La reunión concluyó con el compromiso del delegado de trasmitir a la asociación noticias en un plazo de quince días, y la asociación denuncia que, tres semanas después, continúa sin obtener respuesta alguna. Este silencio, sumado a lo que describen como una “insensibilidad alarmante” hacia el yacimiento de Baria, ha llevado a la organización a plantear públicamente la necesidad de “dimisiones”. Unidos por Baria considera que tanto la consejera de Cultura como el delegado provincial “han agotado su crédito político al demostrar una incapacidad manifiesta para gestionar y proteger el patrimonio de Almería, anteponiendo la burocracia y los intereses privados a la salvaguarda de la historia”. (VEA NUESTRA PORTADA DE HOY)
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