El presidente de Aguas del Almanzora, José Caparrós, ha vuelto a señalar la eternamente inacabada Bajo Almanzora I – «la desaladora de la vergüenza»- y ha dicho que «los retrasos en su reparación son un despropósito continuo”.
Caparrós alude esta vez a la paralización de la última fase de las obras de protección por parte de la constructora, por estar pendiente de que el consejo de administración de Acuamed -empresa pública estatal encargada de gestionar las infraestructuras hídricas en las cuencas mediterráneas- autorice la construcción de un muro que sustituya a otro existente “en avanzado estado de degradación”.
La falta de este muro no impide iniciar la reparación de la planta, “que ya está sobradamente protegida frente a posibles avenidas”, según Caparrós, pero la adjudicataria de rehabilitarla no empezará a hacerlo hasta que Acuamed incluya en el proyecto varios trabajos necesarios que no están contemplados y adapte el proyecto de reparación de la desaladora “a los cambios legislativos de los últimos años”.
Pero el retraso podría ser aún mayor si alguna de estas modificaciones “afectara sustancialmente” al proyecto original, porque, en ese caso, “habría que solicitar un nuevo informe ambiental, y la Junta dispondría de un año de plazo para redactarlo”.
INTERMINABLE CARRERA DE OBSTÁCULOS
Para evaluar debidamente los retrasos en la desaladora de la vergüenza, apelativo que los regantes dedican a la Bajo Almanzora I, es preciso recordar que su construcción fue adjudicada en 2007. La entonces ministra de Medio Ambiente Rosa Aguilar (PSOE) simuló su inauguración el 19 de septiembre de 20011. Decimos ‘simuló’ porque la planta no llegó a desalar ni una gota de agua al no haberse previsto una subestación y línea eléctrica que le suministrara energía suficiente para ponerla en marcha.
Un año después, el 28 de septiembre de 2012, la desaladora de la vergüenza quedó arrasada por el desbordamiento de la rambla Canalejas, ya que alguien decidió construirla la planta en un espacio inundable junto al río Almanzora.
Tuvieron que trascurrir diez años para que, en junio de 2022, las obras de protección fueran adjudicadas a Alpi, que no empezó la obra porque solicitó la actualización de los precios tras el notable encarecimiento experimentado por la energía y los materiales a causa de la pandemia y la guerra de Ucrania.
No acabaron aquí los pretextos para no empezar los trabajos. En agosto de 2023, la constructora echó en falta algunas unidades de obra necesarias no contempladas en el proyecto, y un mes más tarde renunció al contrato por no estar de acuerdo con la valoración de esos trabajos.
Hubo que esperar a febrero de 2024 para que Acuamed adjudicara esta obra a la empresa pública Tragsa. La constructora contaba con 14 meses para terminar los trabajos. Se cumplieron en abril, pero aún no se vislumbra su término.
