Las obras de la segunda fase de la mal llamada variante de Mojácar llevan casi un año paralizadas. La oposición preguntó al alcalde, Francisco García, por los motivos en un Pleno, pero respondió con evasivas, aunque las razones del bloqueo de los trabajos van aflorando.
Ayer publicamos que la obra, aunque prácticamente terminada, está parada en su metros finales -su longitud total es de 2,2 Km.- a causa de disconformidades con las expropiaciones. Como resultado, un afectado ha presentado una querella contra altos funcionarios de Carreteras de la Junta en las que les acusa de “prevaricación, fraude, ocupación y destrucción de propiedad privada y existencia de banda organizada para la especulación” por el expediente de construcción de la citada carretera.
Hoy añadimos que uno de los hechos que sustancian la querella estriba en la disconformidad de los propietarios de varias parcelas, que suman 40.000 m2, con el procedimiento de expropiación. El valor de las expropiaciones, según el PSOE provincial, podría ascender a «15 millones».
Uno o más afectados por las expropiaciones han emprendido una acción judicial en el ámbito penal argumentando, entre otros, que nunca recibieron notificación sobre el expediente de expropiación, a pesar de estar personados en el procedimiento “desde 2017”, es decir, cinco años antes que se consumara el proceso, y de haberlo comunicado reiteradamente al Ayuntamiento de Mojácar y la Delegación Provincial de Carreteras. Según los propietarios, el agente expropiador dirigía las notificaciones a una sociedad disuelta en 2009.





El parlamentario socialista por Almería, José Luis Sánchez Teruel, calcula que las expropiaciones podrían ascender a varios millones de euros: «Se habla de que las expropiaciones van a costar más que la carretera». Teruel baraja 15 millones de euros, «cuando la obra ha constado 6,5 millones».
Aunque la obra es de competencia autonómica, su construcción fue impulsada por la exalcaldesa de Mojácar Rosa María Cano (PP), quien firmó un convenio por el que comprometía al municipio a sufragar el 40% de la inversión prevista inicialmente -el presupuesto original ascendía a 6 millones-, aunque el Gobierno andaluz se beneficiaría de la previsible rebaja de la licitación y el Ayuntamiento se haría cargo de pagar el proyecto y las posibles modificaciones del proyecto por “exceso de medición”.
Además, el Consistorio solicitó la financiación de un millón de los 3 que le tocó aportar inicialmente, lo que supondrá “no menos de 600.000 euros en intereses”, según el secretario local de los socialistas y técnico bancario Manuel Zamora. Significa que la relación de aportaciones en la obra quedó muy diferente a la prevista: frente a los 2,3 aportados por la Junta, los mojaqueros harán frente a 4 millones de euros, el 63,5%.
La cifra podría aumentar si sobre el consistorio recayese el peso de una de las cláusulas del acuerdo con la Junta, como consecuencia de esta discrepancia de millones en las expropiaciones. Esa cláusula dispone que los excesos de medida de la obra -aquel gasto que sea necesario hacer fuera del proyecto- serán por cuenta del erario municipal. Reiteramos entonces que el «exceso de medida» que maneja el PSOE provincial ronda los 15 millones. Pero no podemos adelantarnos a los acontecimientos. Hoy sabemos que el tema está en manos de la Justicia y habremos de esperar sus decisiones. (VEA NUESTRA PORTADA DE HOY)
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