El juez cita a tres testigos y pide el volcado de móviles en el caso de la muerte del niño Lucas

🎙️ Informativo 04/02/2026

El Juzgado de Instrucción número 3 de Vera ha dado uno de los primeros pasos en la investigación por la muerte del niño Lucas en Garrucha, cuyo avance de fondo está paralizado a la espera de que se resuelva qué tribunal debe llevarla. En un auto, el magistrado ha citado a declarar a tres personas el próximo 19 de febrero y ha ordenado además el volcado de los teléfonos móviles de los dos acusados, Bárbara Bravo y Juan David Rivera, que siguen en prisión. La Audiencia Provincial de Almería debe aún dirimir este conflicto de competencias entre varios juzgados de Vera, una cuestión no resuelta que frena la investigación..

Bajo el secreto de sumario, la identidad de los testigos citados no ha trascendido. Tampoco el contenido de la declaración que se les pretende tomar, una medida de cautela habitual. La instrucción choca así con una parálisis de fondo. Tras pasar por varios juzgados, la causa fue enviada al de Violencia sobre la Mujer número 1, que el pasado 9 de enero la devolvió al instructor al no apreciar indicios de violencia de género. Fue entonces cuando el Juzgado número 3 elevó la cuestión de competencia a la Audiencia Provincial, cuyo fallo es ahora el requisito para que la investigación avance con normalidad.

En paralelo a este debate procesal, la defensa de Juan David Rivera ha hecho llegar a la redacción de ACTUALIDAD ALMANZORA un extenso dossier. Su abogado, Manuel Martínez Amate, articula en él la estrategia de la acusación, argumentando que la muerte del menor fue una «tragedia por imprudencia cultural» y no un asesinato intencionado.

La defensa desgrana su versión en cuatro argumentos clave. En primer lugar, alega irregularidades en el procedimiento, como un registro domiciliario que consideran nulo y un cambio constante de juzgado que, en su opinión, perjudica la investigación. En segundo término, presenta una cronología distinta, apoyada en datos técnicos de móviles y cámaras, con la que pretende demostrar que Rivera no participó en ocultar el cuerpo y actuó movido por el pánico, no por una huida premeditada.

El tercer argumento se centra en el análisis de un vídeo familiar. Un informe pericial encargado por la defensa sostiene que las imágenes muestran una relación de apego y confianza, y no de miedo, entre el acusado y el niño.

Por último, la defensa se apoya en el contenido de 22 audios de WhatsApp. Según las transcripciones aportadas, la madre describiría en ellos cómo aplicaron al menor el «sobado» –una práctica de medicina tradicional con masajes abdominales muy fuertes– junto con dosis repetidas de ibuprofeno. La tesis del abogado es que esta combinación pudo provocar una lesión interna en el hígado y una grave hemorragia, por lo que la muerte se debería calificar, en todo caso, como un homicidio por imprudencia grave y no como un asesinato intencionado.

Mientras se articulan estas alegaciones, el juez instructor ha reclamado al Instituto de Medicina Legal el informe definitivo de la autopsia. Este dictamen pericial, de carácter determinante, se erigirá como una de las piezas centrales sobre las que el juez –y eventualmente el tribunal sentenciador– construirán su versión de los hechos, contrastándola con los argumentos tanto de la acusación como de la defensa.