La Fiscalía Provincial de Almería ha abierto diligencias de investigación contra los siete concejales que, en un Pleno extraordinario celebrado el pasado 17 de junio, votaron a favor de posponer la anulación de la licencia del hotel de El Algarrobico en Carboneras, una decisión que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) llevaba años exigiendo.
El Pleno convocado para ejecutar la sentencia del TSJA, que declaraba nula de pleno derecho la licencia concedida a Azata del Sol en enero de 2003, no llegó a votar la propuesta del alcalde, Salvador Hernández (Cs). En su lugar, el concejal no adscrito y exalcalde Felipe Cayuela presentó una moción para solicitar un informe sobre las consecuencias económicas y financieras que tendría para el Ayuntamiento anular la licencia.
La moción salió adelante con siete votos a favor y cinco en contra. Votaron a favor del aplazamiento los cinco concejales del Grupo Municipal Socialista ahora expedientados por esa decisión –José Luis Amérigo Fernández, Francisco Capel Soto, Vanesa Fuentes, Mariana Esteban e Isabel Hernández– y los dos concejales no adscritos, Felipe Cayuela y Ángeles Carrillo. El asunto quedó sobre la mesa, y el Pleno se levantó sin resolver lo que los tribunales llevaban años exigiendo.
Apenas dos días después, la asociación ecologista Salvemos Mojácar presentó una denuncia ante la Fiscalía y los Juzgados de Vera. Consideraron la actuación de los ediles una «desobediencia inadmisible» y «un acto de prevaricación manifiesta» al incumplir el mandato del TSJA.
La presión social, política y judicial dio sus frutos. El 7 de julio, el Ayuntamiento de Carboneras celebró un nuevo Pleno extraordinario. En esta ocasión, la anulación de la licencia salió adelante con ocho votos a favor. Apoyaron la propuesta el alcalde Salvador Hernández (Cs), los cuatro concejales del Partido Popular, el no adscrito Andrés Belmonte Venzal, y dos de los concejales socialistas expedientados: Mariana Esteban e Isabel Hernández.
En el lado contrario, José Luis Amérigo y Francisco Capel abandonaron el salón antes de la votación. Vanesa Fuentes no asistió al Pleno sin justificar su ausencia, y los no adscritos Felipe Cayuela y Ángeles Carrillo también se marcharon sin ejercer su derecho a voto.
«UNA TRIQUIÑUELA INACEPTABLE»
El abogado de Salvemos Mojácar y Ecologistas en Acción, José Ignacio Domínguez, ya había advertido antes del Pleno del 17 de junio: «El Consejo Consultivo de Andalucía ya ha dictaminado que la licencia del hotel es nula de pleno derecho porque invade la servidumbre de protección de costas y está construido en zona protegida dentro del Parque de Cabo de Gata. Ahora el Ayuntamiento tendrá que declarar que la licencia es nula».
Y fue más lejos: «En caso de que decidan declarar la licencia legal, se basarían en un plano manipulado de la Consejería de Medio Ambiente, donde El Algarrobico figuraba como espacio urbanizable. El Supremo y el TSJA ya han dicho que esto es una triquiñuela. Si le dan valor a ese plano, Salvemos Mojácar actuará por la vía penal».
Tras el bloqueo del 17 de junio, el portavoz de Salvemos Mojácar, Jaime del Val, fue contundente: «A estas alturas ya no hacen falta más informes. Llevan 20 años en desobediencia, 20 años dilatando esta decisión y ahora están buscando nuevas excusas para seguir demorándola». Del Val calificó la votación de los concejales socialistas como «el colmo de la desfachatez» y lamentó que «mientras el Gobierno de Sánchez clama por el derribo, sus propios concejales en Carboneras ponen palos en las ruedas».
Domínguez trasladó la denuncia a la Fiscalía el mismo día del Pleno y avanzó que estudiaba presentar una querella «por presunto delito de prevaricación». «Pedir más informes para cumplir una sentencia después de 20 años de juicios es otro subterfugio de los concejales que han impedido el cumplimiento de una condena», abundó.
INVESTIGACIÓN DE LA FISCALÍA
Aunque la nulidad ya se ha aprobado, la Sección de Medio Ambiente de la Fiscalía ve «presumible» la posible comisión de un delito. El Ministerio Público ha solicitado al Ayuntamiento de Carboneras el acta del Pleno del 17 de junio y los informes jurídicos existentes. El Consistorio ya ha remitido la documentación requerida.
La denuncia se dirige expresamente contra los siete concejales que votaron a favor del aplazamiento: José Luis Amérigo, Ángeles Carrillo, Felipe Cayuela, Francisco Capel, Vanesa Fuentes, Mariana Esteban e Isabel Hernández.
Fuentes del PSOE confirmaron que los cinco concejales socialistas fueron suspendidos temporalmente de militancia y que se les abrió un expediente disciplinario. Sin embargo, señalaban que la situación de Mariana Esteban e Isabel Hernández, quienes finalmente votaron a favor de la nulidad en el Pleno del 7 de julio, podría ser revisada y, en función de su cambio de postura, podrían quedar excluidas del expediente o recibir una sanción menor, aunque esta decisión dependerá de la resolución final del procedimiento interno.
Lo que ocurrió en Carboneras en dos Plenos no es un episodio aislado. Es el último capítulo de una historia que se remonta a 2003, cuando el Ayuntamiento concedió la licencia a Azata del Sol para construir un hotel de 411 habitaciones en una de las playas vírgenes del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar. Desde entonces, los tribunales han dictado sentencias favorables a los ecologistas, pero la demolición sigue sin ejecutarse. (VEA NUESTRA PORTADA DE HOY)
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