La investigación sobre nueve vecinos de Antas y tres grandes empresas agrícolas del pueblo por sobreexplotación y compraventa ilegal de agua comenzó con la denuncia presentada hace dos años por un residente en Aljáriz, según fuentes próximas a la investigación.
El de Aljáriz se quejó de que el pozo aforado por un matrimonio de Jauro había bajado la cantidad y calidad del agua del suyo, por lo que se sentía perjudicado.
A instancias de la denuncia, el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (SEPRONA) emprendió pesquisas que condujeron a localizar cinco pozos que presuntamente superaban con creces la cantidad de litros por segundo para los que estaban autorizados. Los sondeos pertenecen supuestamente a 8 vecinos de Jauro y, uno de ellos, al denunciante de Aljáriz.
La investigación se remonta a los últimos cinco años. Durante este tiempo, los investigados habrían aforado 9,5 Hm3, causando un daño medioambiental valorado por los técnicos del SEPRONA en 407 millones de euros.
De ese caudal, algunas de las personas señaladas en el atestado habrían estado vendiendo agua a tres grandes empresas agrícolas del municipio careciendo de la pertinente autorización de la Comisión de Explotación de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas, es decir, de manera irregular.
De momento, a raíz de la denuncia, una sanción de 407 millones de euros planea sobre tres empresas de Antas y 12 vecinos, uno de ellos el propio denunciante. (VEA NUESTRA PORTADA DE HOY)
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