Se reconoce incompetente sobre la obra de la 'variante’ a pesar de 'poner' 4 millones

El alcalde de Mojácar, Francisco García, ha atribuido en exclusiva a la Junta de Andalucía la responsabilidad sobre la variante costera, una obra cuya financiación comparte con el Ayuntamiento tras un convenio firmado por su antecesora.

«Hay que dejar claro que esta obra la está ejecutando la Junta de Andalucía, no el Ayuntamiento de Mojácar». Durante el último pleno municipal, el regidor inició así su respuesta al concejal de la oposición Francisco Flores, quien preguntó por los motivos que mantienen cerrada al tráfico esta infraestructura pese a estar prácticamente finalizada desde hace meses y paralizada a falta de los últimos detalles. García explicó que la paralización se debe a «un conflicto de expropiación con un vecino, que no estaría de acuerdo con que se le expropiara o con el trazado», añadiendo: «no sé si habrán llegado a un acuerdo, es una cuestión de la Junta», para concluir su breve explicación con «que si se sabe que la obra va a continuar este mes, con el fin de que en febrero o marzo de 2026, para la temporada próxima, esté abierta». Con esta respuesta el alcalde asumía su absoluta incompetencia sobre la obra que reúne la mayor inversión pública que se ha hecho en Mojácar.

Lo llamativo es que el Ayuntamiento de Mojácar ha aportado por encima de los 4 millones de los algo más de 6 que cuesta la obra, siendo, no lo olvidemos, una carretera de competencia autonómica. El convenio firmado por la entonces alcaldesa Rosa María Cano, hoy concejala del equipo de Gobierno, comprometió una financiación municipal que incluso asumió el 100% de trabajos adicionales no previstos inicialmente, además de renunciar -a favor de la Junta- a los beneficios de la quita o baja tras la licitación. Para cubrir todo este gasto, el Consistorio se ayudó de un préstamo que conlleva 600.000 euros en intereses. Negocio redondo.

EMPEZÓ SIN CERRAR LAS EXPROPIACIONES

Resulta, por otro lado, especialmente significativo que el problema alegado para la paralización sea una expropiación, cuando el procedimiento habitual exige resolver estas situaciones antes de licitar las obras. La Ley de Expropiación Forzosa establece que la necesidad de ocupación de los bienes debe declararse previamente, precisamente para evitar este tipo de situaciones. El hecho de que este obstáculo surja ahora, con la obra prácticamente terminada, plantea serias dudas sobre la planificación de un proyecto de la Junta que acumula ya años de retrasos y en el que el Ayuntamiento debió estar vigilante, dado el enorme desembolso que ha hecho.

NO ES UNA VARIANTE, ES UNA CALLE

Mojácar tiene experiencia en financiar competencias ajenas. Bajo el mandato de Rosmari Cano el municipio asumió el 84% del coste de un paseo marítimo que debía pagar Costas, se comprometió a sufragar expropiaciones que el PSOE local -en la oposición- valoró entonces en 7 millones de euros, y pagó 2,1 millones por una residencia de mayores mientras municipios vecinos no invertían ni un euro en este tipo de infraestructuras. Ante este historial, la pregunta es si la estrategia de presentar como ajena una obra que ha costado millones a las arcas municipales responde a un intento de eludir la responsabilidad política por el retraso que está afectando a la apertura de esta nueva vía que se ha popularizado como variante, pero que realmente no lo es. No sólo eso, el papel aliviador al tráfico de la playa que se pretendía se diluye al comprobar que acceder a ella en su tramo final -a la altura de Lomos del Cantal o Cueva del Lobo- sólo es posible callejeando, metiendo los coches por zonas residenciales tranquilas. (VEA NUESTRA PORTADA DE HOY)