El alcalde de Mojácar exculpa al Ayuntamiento de la paralización de las obras de la variante

El alcalde de Mojácar, Francisco García, ha atribuido a la Junta de Andalucía la responsabilidad de la paralización de la segunda fase de la variante, una infraestructura que pretende aliviar el tráfico en la principal carretera de la costa. Su respuesta en el pleno municipal llegó tras la pregunta del concejal de la oposición Francisco Flores, quien exigió explicaciones sobre los motivos que mantienen la obra cerrada al tráfico pese a llevar meses finalizada. El primer edil desveló que la interrupción se debe «a un conflicto legal de expropiación con un vecino, un asunto que compete exclusivamente a la administración autonómica».

«Hay que dejar claro que esta obra la está ejecutando la Junta de Andalucía», afirmó García, detallando que la delegación de Fomento paralizó los trabajos en su tramo final para resolver jurídicamente el problema con el propietario afectado. El regidor mojaquero confirmó, no obstante, que la Junta ya ha dado viabilidad a la continuación del proyecto. Aunque desconoce si se ha alcanzado un acuerdo, sí avanzó que «las obras se reanudarán a final de mes». La previsión es que la variante «esté completamente acabada entre febrero o marzo de 2026, con el objetivo claro de que esté abierta para la próxima temporada».

Cabe recordar que esta actuación fue promovida por la exalcaldesa Rosa María Cano (PP). Para conseguir su construcción ofreció contribuir a la financiación de la nueva infraestructura, de titularidad autonómica.

Ya en 2022, este diario informó que el Ayuntamiento de Mojácar, entonces bajo el mandato de Cano, se comprometió a financiar el 50% de los casi 3 millones de euros presupuestados inicialmente para esta misma variante, una carretera autonómica.

Tras la rebaja en el precio de licitación, la aportación mojaquera se mantuvo en torno a los 3 millones, mientras la Junta reducía la suya a 2,35 millones. Además, el Pleno aprobó asumir la totalidad de un sobrecoste de 534.367 euros, justificado por la entonces alcaldesa simplemente como «cosas de la Junta».

Para financiar su desproporcionada contribución, el Consistorio tuvo que negociar un crédito con una entidad bancaria que supondrá al menos 600.000 euros adicionales en intereses. Esta práctica de emplear las arcas municipales para costear competencias ajenas no es nueva. Anteriormente, el Ayuntamiento asumió el 84% del coste de un paseo marítimo competencia de Costas, se comprometió a financiar parte de una segunda fase más las expropiaciones, y pagó 2,1 millones para construir una residencia de mayores, mientras municipios vecinos no desembolsaban ni un euro por las suyas. (VEA NUESTRA PORTADA DE HOY)