El Ayuntamiento de Carboneras ha dicho un firme «no» a los planes del Gobierno para instalar una gran planta de energía solar justo donde el pueblo ve su futuro económico. El motivo principal es claro: el terreno es el único que tienen para atraer nuevas fábricas y crear empleos, algo vital después del cierre de la central eléctrica de Endesa.
El Gobierno local, encabezado por Salvador Hernández (Ciudadanos), explica que la planta solar fotovoltaica, pensada para abastecer a la desaladora de Acuamed, ocuparía una zona industrial clave conocida como Zona-X. «Elimina el desarrollo social y económico de Carboneras», señala el Consistorio en un documento enviado al Ministerio para la Transición Ecológica. «Sin este suelo, Carboneras está condenada a desaparecer como municipio, con el desastre que eso traería».
Este terreno, de unas 30 hectáreas, es el lugar donde el Ayuntamiento espera ubicar nuevas industrias que ya han mostrado interés, como plantas de metanol, hidrógeno verde e incluso otra desaladora. Usarlo para paneles solares, dicen, sería «un duro varapalo» para las esperanzas de recuperación. «Es el único suelo donde podemos ubicar proyectos que compensen el cierre de la térmica y creen el empleo necesario para el crecimiento», insiste el equipo de gobierno.
CARRETERA BLOQUEADA
Pero el conflicto no acaba ahí. La ubicación prevista para la planta solar también choca frontalmente con un proyecto vital para el pueblo. Se trata de una nueva carretera de acceso al puerto. Esta variante, ya aprobada por la Autoridad Portuaria y contemplada en los planes urbanísticos, pretende desviar el tráfico pesado del centro urbano y dar un acceso directo desde la carretera nacional N-341.
Según el Ayuntamiento, los paneles solares bloquearían el trazado de esta carretera, dejando a Carboneras sin un acceso independiente a su zona industrial y al puerto. Destacan que esta infraestructura es «de vital importancia» para evitar la contaminación en el núcleo urbano.
DUDAS SOBRE EL PROCESO Y UNA ALTERNATIVA
El Ayuntamiento también pone en duda cómo se ha llevado a cabo el proceso. Considera que el estudio de impacto ambiental tiene «graves defectos», argumentando que “no se informó bien a los vecinos” y que “las fincas a expropiar no están bien identificadas”. Además, rechazan que se presente la planta solar como una simple «extensión» de la actual desaladora, cuando en realidad, explican, “es un proyecto separado que no afectaría al funcionamiento de la planta de agua”.
Frente a esta propuesta, Carboneras ofrece una solución que pasaría por usar un terreno municipal diferente. Se trata de una parcela cercana a la cantera, de unas 106 hectáreas, de las cuales 85 serían útiles para los paneles solares. El Ayuntamiento explica que este terreno es llano, está libre de ocupaciones y se encuentra a unos 2,5 kilómetros de la desaladora. Usar esta parcela, argumentan, “evitaría expropiaciones, concentraría la planta, protegería el suelo industrial de la Zona-X y reduciría costes e impacto social”.
CUESTIONES LEGALES
Más allá de lo económico y social, el Ayuntamiento de Carboneras plantea objeciones legales. Considera que “es un error tramitar la planta solar como si fuera una obra hidráulica ligada a la desaladora, cuando debería regirse por las normas de energía”. Hacerlo de otra forma, sostienen, podría ser un «fraude de ley».
También defienden desde el Consistorio que la competencia para autorizar este tipo de plantas solares (menos de 50 megavatios) corresponde a la Junta de Andalucía, no al Gobierno central, “ya que no forma parte inseparable de la desaladora. No pueden extenderse los efectos de una obra a otra», concluyen. Por todo ello, piden que se paralice el proyecto actual y se busque una solución que no ahogue el futuro de Carboneras. (VEA NUESTRA PORTADA DE HOY)
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