Ecologistas en Acción (EA) ha arremetido contra el Gobierno por su nueva negativa a retirar los suelos contaminados de Palomares, tras el accidente nuclear de 1966, y ha lamentado la «pasividad crónica» de la sociedad local a la hora de exigir soluciones. La organización ecologista tacha de «intolerable» el argumento de la Abogacía del Estado, que se opone a la descontaminación porque se basa en «tergiversaciones» y datos «sin base científica».
José Ignacio Domínguez, abogado y coordinador de EA, afirma que «el Ejecutivo nunca ha tenido interés en limpiar la zona» y critica el cambio de discurso oficial: «Antes culpaban a EE.UU. por no llevarse la tierra contaminada; ahora niegan la radiación, pese a que los medidores detectan niveles equivalentes a 10 radiografías anuales». Según Domínguez, aún persisten fosas con 50.000 metros cúbicos de material radiactivo, pese a que el vallado actual «no evita que la fauna o la lluvia dispersen partículas».
El letrado alude a la falta de presión local y en echa en falta en Palomares “grupos que exijan justicia. Es un síntoma del retraso cultural que arrastra la zona». Aunque comprende el miedo de sus habitantes por el daño que pueda provocar a la imagen de su agricultura —»la palabra ‘radiación’ asusta»—, insiste en que el silencio social permite al Gobierno «mirar hacia otro lado». «Si esto ocurriese en Murcia, estaría resuelto. Pero aquí, hasta los vecinos evitan hablar de ello. Si el plutonio estuviese en el jardín de un ministro, la cosa cambiaría bastante», ironiza.
La Abogacía del Estado, sin embargo, alega informes del Consejo de Seguridad Nuclear y de la UE (años 2010 y 2019), que avalan los controles radiológicos en la zona. Según sus datos, la dosis efectiva anual para los habitantes es de 0,1 milisieverts (mSv), diez veces menos del límite legal —equivalente a una radiografía de tórax—. Pero Domínguez rechaza estos cálculos porque «no se puede normalizar que haya plutonio al aire libre».
Ecologistas en Acción, que ya prevé recurrir al Supremo y al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, recuerda que la expropiación «definitiva» de terrenos contaminados en 2003 demostró «la falta de voluntad política». «Seguiremos hasta que se limpie todo. No es solo una cuestión legal, sino de dignidad», zanja Domínguez.
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