El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha concedido más plazo al alcalde de Carboneras, Salvador Hernández, para tramitar la revisión de la licencia otorgada a Azata del Sol para la construcción del hotel del Algarrobico. Y decimos más plazo porque esta larga historia judicial que empieza en 2006, con la paralización de las obas, sigue sin concluirse casi dos décadas después, siendo abundantes los requerimientos judiciales en los últimos años que otorgan plazos y advierten de multas a diferentes alcaldes de Carboneras, sin que el la sangre llegue al río
En esta ocasión, el TSJ emplaza por enésima vez al regidor a dar cuenta de sus actuaciones cada 10 días, ante la sala de lo Contencioso-administrativo, y desecha imponerle multa o una urgente anulación de la licencia, como piden la Junta y Greenpeace.
En esta última providencia, el Tribunal vuelve a advertir al primer edil de posibles sanciones económica coercitivas de 150 a 1.500 euros e, incluso, de deducir testimonio ante la Fiscalía por desobediencia si incumpliera los plazos para informar sobre los pasos que se dan para ejecutar la sentencia, que le obliga a revisar la licencia municipal, ya declarada nula judicialmente.
EXPEDIENTE INCOMPLETO
Esta redacción ha podido saber que una de las claves para entender los múltiples retrasos o desobediencias del Ayuntamiento ante los reclamos judiciales, estaría en la desaparición de parte del expediente urbanístico municipal y en la falta de responsables directos. Al menos en el Consistorio nadie se considera responsable tanto de la custodia como de que se hayan mantenido en un mismo expediente todos los documentos.
¿QUIÉN PAGA A AZATA?
Por otro lado, al Consistorio le viene bien ganar tiempo, teniendo en cuenta que la promotora Azata espera que el Ayuntamiento anule la licencia para emprender acciones judiciales exigiendo una indemnización por los daños causados, que no son pocos, pues al amparo de la licencia otorgada en 2003 se inició la inversión. Azata tiene, por tanto, importantes intereses que defender para ser compensada. Ocurre, sin embargo, que no quiere el Ayuntamiento se el que haga frente a este gasto millonario, y espera, de momento sin éxito, que la Junta y el Gobierno Central se pongan de acuerdo y lo liberen se esta responsabilidad.
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