La Unidad Orgánica de la Policía Judicial ha requerido al Ayuntamiento de Garrucha documentos oficiales relacionados con la gestión de los 4 millones de euros recibidos en 2022 por el contrato de gestión del ciclo integral del agua.
El requerimiento fue recibido este miércoles por el Consistorio, en el marco de las diligencias previas instruidas por el Juzgado nº 3 de Vera para investigar los presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos denunciados por la Fiscalía a instancias del concejal de Garrucha con la Gente Álvaro Ramos. El propio Ramos se ha personado en el caso, así como el Ayuntamiento de Garrucha.
La investigación se centra en la utilización de los 4 millones obtenidos por la Hacienda municipal por la adjudicación de la gestión del ciclo integral del agua durante 25 años.
Entre los hechos que se investigan, sobre los que la Policía Judicial ha requerido documentación, destaca la modificación de crédito aprobada en 2022, por importe de 2.560.605,43, destinada a gastos de personal de ejercicios anteriores, supuestamente sin procedimiento legal que lo justificase.
Las pesquisas también pretenden esclarecer el retraso en el pago de nóminas y cuotas a la Seguridad Social en 2022; una posible desviación de crédito en retribuciones del personal de limpieza y mantenimiento que triplicaría la cantidad inicialmente presupuestada; presuntas irregularidades en el pago de la Seguridad Social y contrataciones supuestamente realizadas sin concurso público.
El interventor municipal ha asegurado al alcalde que el próximo martes tendrá la documentación requerida dispuesta para entregar a la Policía Judicial. Mientras tanto, Garrucha con la Gente exige “depurar responsabilidades políticas y judiciales y adoptar medidas que garanticen el uso correcto de los fondos públicos”. (VEA NUESTRA PORTADA DE HOY)
-TAMBIÉN LE PUEDE INTERESAR:
Garrucha con la Gente pide el “cese inmediato” del interventor municipal
Acusan al abogado de la exalcaldesa de Garrucha de pretender retratar al denunciante como un sujeto patológico
La exalcaldesa justifica al juez que contrató por decreto a una miembro de su lista electoral para cubrir las numerosas «bajas» de funcionarios
