Una sentencia judicial firme, consecuencia de una herencia urbanística de cuatro décadas, obliga al Ayuntamiento de Mojácar a pagar 1.046.173,62 euros a los propietarios de unos terrenos en el cerro de El Picacho. El pago, derivado de un contencioso administrativo perdido por el consistorio, fue aprobado mediante una modificación presupuestaria de urgencia en un pleno reciente, cargando sobre las arcas municipales el coste de un problema que se remonta a 1987.
Fue entonces cuando las normas subsidiarias municipales calificaron estos terrenos como «sistema de espacios libres». Esa decisión «fue aprobada por unanimidad por el entonces gobierno del PSOE, por los concejales del CDS y los de dos grupos independientes. Todos votaron que si», según los socialistas locales. Pese a la calificación, la finca fue utilizada durante años como zona verde y soporte para antenas de telecomunicaciones sin que el Ayuntamiento iniciara trámite expropiatorio alguno.
No fue hasta 2017 cuando la familia Serrano Pubull exigió legalmente la expropiación, amparándose en que la ley obliga al Ayuntamiento a una indemnización cuando un suelo clasificado como espacio libre se hace inutilizable. El Juzgado de lo Contencioso número 3 de Almería reconoció en 2020 que el procedimiento estaba legalmente incoado. El justiprecio, fijado el 12 de marzo de 2024 en 795.026,10 euros, no fue abonado en el plazo legal de seis meses, lo que ha motivado la condena por inactividad administrativa y el incremento de la deuda con intereses.
Tras las acusaciones del equipo de gobierno del PP que en varios medios de comunicación culpaba del resultado de la sentencia a la gestión socialista del año 1987, el actual Grupo Municipal Socialista ha acusado al PP, en el poder «prácticamente desde 1994», de «mentir para tapar su incompetencia» en la gestión de este asunto.
«NI RECURRIÓ, NI NEGOCIÓ, NI PAGÓ«
Los socialistas denuncian que el gobierno local «no recurrió la sentencia, no negoció y no pagó en plazo, lo que ha generado más de 250.000 euros en intereses». Aseguran que la propia sentencia «desmonta las excusas del alcalde al no haberse presentado ni una prueba de las gestiones que dice haber realizado para evitar el coste».
El PSOE subraya que el problema «no se resolvió en los años posteriores a aquella decisión unánime con las múltiples modificaciones de las normas subsidiarias, ni con la aprobación del PGOU en 2023» y recuerdan que en la votación de 1987 «también estuvo a favor el abuelo del actual alcalde y entonces concejal independiente, lamentablemente ya fallecido». Exigen del primer edil, «Francisco García o de su antecesora en el cargo, Rosa María Cano, explicaciones públicas inmediatas de por qué no hicieron nada» además de «responsabilidades políticas» por un desembolso millonario que, aseguran, «restará recursos a servicios esenciales para los vecinos». (VEA NUESTRA PORTADA DE HOY)
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