El inspector llegó al Ayuntamiento recién pasadas las 9 de la mañana del viernes, 27 de junio. Preguntó por el alcalde y se encerró con él en el despacho. Portaba una carpeta que, según dijo, “contenía pruebas” de acoso laboral a trabajadores del Consistorio. Pero no las mostró. Se limitó a informar sobre “denuncias individuales y colectivas” que señalaban al concejal de Urbanismo y líder de la formación Garrucha con la Gente, Álvaro Ramos. Ramos es parte del Gobierno Municipal merced al pacto firmado este mandato con el PP y Vox.
Los detalles sobre la visita del inspector los cuenta el regidor Pedro Ridao: “Estuvimos hablando unos 20 minutos y me dijo que se había abierto un expediente tras recibir diversas denuncias por acoso laboral por parte de Álvaro a trabajadores municipales”.
En la reunión, el funcionario de la Inspección de Trabajo citó al alcalde en Almería el próximo 9 de julio para que presente los planes de prevención de Riesgos Laborales, Riesgos Sicosociales, Plan de Igualdad y el Protocolo de Acoso, además de acreditar la habilitación de un canal interno de denuncias.
“Para presentarme en la Inspección con todo lo que se nos ha requerido es preciso acelerar la aprobación del Protocolo de Prevención y Actuación por Acoso. Intentaré llevarlo al Pleno de forma inmediata. En todo caso, si no fuera posible, lo aprobaríamos en la Junta de Gobierno”, explica el alcalde.
“NO TENGO CONSTANCIA DE QUE SE ACOSE A NADIE”
Y refiere: “No tengo constancia de que en el Ayuntamiento se acose a nadie, aunque es verdad que algún rumor he escuchado, pero en las reuniones que he mantenido con el Comité de Empresa nunca se ha mencionado este hecho”.
El pasado mes de diciembre UGT Servicios Públicos Almería denunció que los empleados públicos del Ayuntamiento de Garrucha sufrían «acoso laboral” por parte Ramos, entonces primer teniente y concejal de Obras y Servicios. El sindicato dijo que se habían dirigido varios escritos al alcalde y exigía “que se acabe con las vejaciones hacia el personal”.
UGT contó que el problema no es nuevo: “Desde hace años vienen sufriendo un grave acoso laboral y personal que incluye ridiculización pública, mofas, difamaciones y acusaciones graves nunca probadas, emitidas de forma recurrente en plenos, notas de prensa, medios de comunicación y redes sociales, generando un impacto profundo en la dignidad y la moral de los empleados municipales”.
“COINCIDE CON MI DENUNCIA A LA FISCALÍA”
Por aquellos días, Álvaro Ramos denunciaba que un conjunto de trabajadores “contratados a dedo” durante el periodo 2015-2023 (con Gobierno PSOE), habían sido elevados a funcionarios, lo que “no sólo constituye una ilegalidad, sino que carga los gastos municipales haciendo inviable financieramente al Ayuntamiento”. Un ejemplo: “El gasto en sueldos y gastos corrientes representan más del 80% del Presupuesto anual; veinte puntos por encima de lo que sumarían en un Ayuntamiento normal”.
Ramos señaló también irregularidades en las nóminas, exigiendo que las elaborara una empresa exterior, pues tenía serias dudas sobre la legalidad de las cuantías recibidas por un conjunto importante de trabajadores, entendiendo que se estaba produciendo una grave alteración de las mismas sin el conocimiento o aprobación de los órganos de gobierno municipal.
El 10 de marzo, el concejal denunció ante en fiscal a cuatro altos funcionarios «por aplicarse aumentos salariales». Añadiendo un largo conjunto de situaciones, a su juicio delictivas, relacionadas con las nóminas, los complementos, las bases de cotización y adelantos de sueldos que más tarde no se devolvían. El alcalde, en unas declaraciones posteriores, reconoció que era cierto.
Al tener noticia de la denuncia que le señala como presunto acosador, el concejal dijo: “Resulta curioso que todo esto coincida con la denuncia que he presentado recientemente ante la Fiscalía sobre los sueldos de algunos trabajadores”.
EXPEDIENTE EN MEDIO AMBIENTE Y RECURSO A LA JUSTICIA
En 2019, Álvaro Ramos, de profesión agente de Medio Ambiente, denunció, junto a otro compañero jubilado, a los otros cinco miembros de su Unidad Biogeográfica (Levante-Norte Provincial) por absentismo laboral y uso indebido, para asuntos particulares, de los medios de trabajo, como el vehículo oficial. Reunieron un conjunto de pruebas, en las que se incluían 115 videos que demostrarían las acusaciones.
La Consejería archivó años después la denuncia y sancionó a Ramos, considerando que su comportamiento coincidía con los términos recogidos en el Protocolo de Acoso. El concejal y agente se dirigió entonces a la Justicia buscando la declaración de nulidad del expediente por, entre otras razones, resolverse fuera de plazo y no responder la Delegación a las alegaciones y reclamaciones presentadas por el expedientando; por no seguir, en definitiva, las exigencias que contemplan este tipo de procedimientos para garantizar la imparcialidad de los procesos. A día de hoy, el tribunal de lo contencioso administrativo aún no se ha pronunciado. (VEA NUESTRA PORTADA DE HOY)
-TAMBIÉN LE PUEDE INTERESAR:
La Cámara de Cuentas fiscaliza la contabilidad municipal de Garrucha
