José Luis Jerez, tesorero de la Junta de Compensación Cortijo Cabrera y, junto al exalcalde de Los Gallardos Segundo Ramírez, uno de los principales promotores del citado sector urbano desmiente a los vecinos que han propuesto pagar el coste de las infraestructuras pendientes de construir en la zona en que se erigen 200 viviendas a cambio de que no se construyan las 700 pendientes, y limitar la urbanización de la Sierra a las ya erigidas.
En su nota, Jerez responde a estos vecinos sosteniendo que “Cabrera cumple plenamente con todas sus obligaciones legales de planeamiento; todas las propiedades cuentan con licencia de obra completa y no existe reclamación legal alguna por parte del Ayuntamiento que indique lo contrario. Todas las parcelas están inscritas en el Registro de la Propiedad con la especificación correcta de lo construido y de lo que puede construirse; igualmente, todas las parcelas y edificaciones están debidamente registradas en el Catastro”.
El tesorero añade que “todas las propiedades disponen de servicios de agua corriente plenamente mantenidos” y que “la red eléctrica y de alumbrado público se encuentra actualmente operativa y está en proceso de ampliación y modernización para adaptarse a los requisitos actuales”.
Destaca Jerez que el proyecto vigente, aprobado hace 45 años, “no impone ninguna obligación legal de que las obras de infraestructura de los 19 sectores deban completarse simultáneamente ni dentro de un plazo predeterminado. La finalización de las infraestructuras está prevista para avanzar de forma natural y gradual, de acuerdo con el desarrollo global de la zona, siempre que todas las propiedades dispongan de servicios completos. El proceso de desarrollo y finalización de las infraestructuras necesarias continúa en curso”.
Lamenta el tesorero de la Junta de Compensación Cortijo Cabrera que “esta pequeña minoría de individuos, que no representa más del 9 % y, desde luego, no las 200 propiedades ya construidas, continúen causando perturbaciones dentro de la comunidad mediante la difusión de información presentada de forma inexacta. A pesar de residir ya en viviendas construidas de manera plenamente legal y de disfrutar de todos los beneficios de servicios completos y operativos, estas personas persisten en oponerse al desarrollo legal y regular de la zona en beneficio propio”.
También señala que, “en ocasiones, ciertos grupos minoritarios extranjeros, al establecerse en un nuevo país, pueden intentar modificar o influir en el marco legal vigente para que se asemeje más a interpretaciones o prácticas de sus países de origen. Tales iniciativas pueden, en algunos casos, dar lugar a malentendidos o tensiones con las autoridades locales y con la comunidad en general”. (VEA NUESTRA PORTADA DE HOY)
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