La investigación sobre la muerte del pequeño Lucca, hallado sin vida en Garrucha el pasado 3 de diciembre, entra en una nueva fase procesal. Tras una reunión presencial en prisión que se prolongó durante más de una hora, la letrada María del Mar Piñero ha confirmado en primicia a este medio que solicitará la comparecencia de su defendida, Bárbara, ante el juzgado. Hasta el momento, la investigada no había prestado declaración por consejo legal, pero su abogada considera que, a pesar de su delicado estado anímico, ya está en condiciones de hacerlo.
El encuentro, realizado a través de locutorio, permitió a la defensa evaluar la situación de la madre, quien se encuentra asistida por psicólogos y bajo el protocolo de prevención de suicidios con una «presa sombra» en su celda. Según Piñero, la petición de declaración se hará efectiva una vez concluyan las diligencias clave que aún están pendientes, como el volcado de los teléfonos móviles autorizados por el juzgado y la recepción del informe definitivo de la autopsia. Esta última pieza es fundamental para que la familia pueda recibir el cuerpo del menor; la abogada ha subrayado que Bárbara autorizó la incineración desde el primer momento, desmintiendo cualquier negativa previa.
Respecto a su día a día en prisión, la tensión inicial —marcada por un ambiente de cierta amenaza hacia ella debido a la naturaleza de los hechos que se le imputan— ha dado paso a una relativa calma conforme ha avanzado el tiempo. Por otro lado, al ser preguntada sobre si Bárbara ha intentado establecer contacto con su padre y su tía, la letrada ha indicado que hasta ahora no se ha producido comunicación alguna, aunque la joven tiene la intención de hacerlo en breve. Cabe recordar que el juzgado ha dictado un auto en el que se prohíbe a ambos familiares personarse como acusación particular en el proceso.
En el plano judicial, la defensa de la madre ha cuestionado la pretensión de la pareja sentimental de la acusada de anular el registro domiciliario. La letrada sostiene que dicha impugnación carece de base, ya que en la vivienda sólo vivía ella, especialmente debido a la orden de alejamiento que pesaba sobre el hombre respecto a la madre y al niño.
El caso del pequeño Lucca conmocionó a la provincia de Almería a finales de 2025. El cuerpo del menor, de apenas 4 años, fue hallado en una vivienda de Garrucha con signos de violencia. Desde el inicio, las autoridades detuvieron tanto a la madre como a su pareja sentimental, un hombre que contaba con antecedentes y una orden de alejamiento en vigor que le prohibía acercarse a la familia.
La investigación ha estado marcada por la brutalidad del suceso y por el posterior debate que confrontaba la situación de riesgo en la que vivía el niño y los fallos en los protocolos de protección de menores. (VEA NUESTRA PORTADA DE HOY)
