El juicio contra Antonio Segura y otros cinco acusados por el presunto robo de 1,7 Hm3 de agua de la cubeta de Overa, que debió celebrarse este martes 3 de junio a las 9:30, ha sido suspendido por la titular del número 3 de lo Penal de Almería.
A la hora fijada, los abogados de la defensa solicitaron una ampliación de las diligencias, concretamente, que se tomaran declaraciones a más de 30 nuevos testigos, muchos de ellos peritos judiciales.
Tras más de una hora de reunión, la juez decidió suspender la sesión para valorar su decisión, no sin antes advertir a la defensa que el tiempo para proponer pruebas ya había concluido, según informan fuentes de la acusación particular.
Junto a Segura estaban citados como investigados su socio en Chumbos del Almanzora -un empresario de Arboleas-; otro empresario que supuestamente les compraba el agua y las tres sociedades que cada uno de ellos representaba, entre ellas, la SAT Climasol. Son, en definitiva, tres personas físicas y tres jurídicas.
El juicio parte de una denuncia de la mercantil SARAMA, personada como acusación particular. Tras las investigaciones practicadas, el fiscal solicita un año y medio de cárcel para cada uno de los seis acusados e indemnizar a la Junta con 343.249,92 euros por la venta de 1,7 Hm3 de agua supuestamente sustraída de la cubeta de Overa o la cola del pantano -aún sin determinar-, aunque en todo caso, hablamos de agua pública. La indemnización es resultado de tasar a 20 céntimos el m3, cuando el precio al que Antonio Segura y su socio lo vendían era de 50 céntimos, según las facturas aportadas al sumario por la Policía Judicial.
El informe de la Policía Judicial acredita que el pozo de la Terrera explotado por Antonio Segura, carecía de permiso. De hecho, el propio Segura admitió a la juez instructora que lo había solicitado pero la autorización no llegó. Además, las pesquisas de los agentes les llevan a concluir que el suelo es propiedad de la Junta y que en ningún momento se autorizó realizar las extracciones.
También señalan a la SAT Climasol, dirigida por Segura, por la compra de los recursos de la Terrera y la participación de alguno de sus trabajadores en las operaciones de distribución.
SARAMA ha insistido en que se amplíe el periodo de investigación hasta 1995, año en que Segura reconoció en sede judicial que ya extraía agua en esos terrenos públicos pero, de momento, el caso se ciñe a 18 meses, desde noviembre de 2017 a mayo de 2018.
El asunto tiene gran relevancia a tenor de las fianzas que el juez instructor del Juzgado Nº 1 de Huércal Overa, ordenó depositar mediante una providencia, de fecha 23 de agosto de 2022, imponiendo a cada uno de los procesados el depósito de 457.655 euros; casi 3 millones de euros que, por alguna razón, nunca llegaron a ser entregados por los acusados.
-TAMBIÉN LE PUEDE INTERESAR:
