🎙️ Informativo 29/12/2025
El Juzgado de Instrucción número 1 de Vera ha citado a declarar el 4 de febrero, en calidad de testigos, a dos altos funcionarios del Ayuntamiento de Garrucha. Los empleados municipales deberán testificar en la querella por presunta malversación abierta contra el exteniente de alcalde y exconcejal de Urbanismo José Antonio Gallardo (PSOE).
La denuncia del Gobierno local (PP, VOX, Garrucha con la Gente), manifestaba que Gallardo autorizó durante 2018 y 2019 la retirada irregular de materiales de construcción valorados en más de 200.000 euros para obras en viviendas particulares de «personas afines» a su partido, sin justificación administrativa ni documentación que avalara el gasto.
Las facturas, según el actual edil de Urbanismo, Álvaro Ramos, detallan la compra de “todo tipo de materiales y accesorios para construir viviendas: Yeso, cemento, mortero, hierro, ladrillos, peldaños, solería, azulejos, rodapié, bordillos, vigas, pintura, material aislante e impermeabilizante, bovedillas, asfalto, tubos, arena, terrazo, tornillos, polietileno, lavaderos, claraboyas, balaustradas, pasamanos, rejillas de ventilación y un largo etcétera. Hasta buzones de forja”. Varias de las facturas incluían albaranes de compra con notas escritas a mano con la leyenda “autoriza José Carriles”, siendo ‘Carriles’ el sobrenombre con que se conoce en Garrucha a José Antonio Gallardo.
Los documentos incluyen “pedidos grandes, de 2.000 a 6.000 euros”, pero también un “jarrucheo de compras pequeñas, de 100 y hasta 15 euros. No perdonaban ni un saco de yeso o un palustre”, explica el político, quien apostilla que un proveedor le ha asegurado haber enviado a uno de los particulares “hierro suficiente para levantar una gran casa desde los cimientos hasta el tejado”.
“Todas estas facturas fueron pagadas por el Ayuntamiento. Como no había dinero, lo hizo con fondos de un préstamo extraordinario de más de 3 millones de euros avalado por el Gobierno Central para liquidar las deudas con proveedores”.
En su comparecencia judicial del pasado 21 de mayo, el exteniente de alcalde afirmaba que los materiales retirados – entre los que se mencionan cemento para piscinas y solería de lujo – «nunca tuvieron un uso privado» sosteniendo que su destino fueron siempre proyectos o mantenimiento de infraestructuras públicas. «Respecto a las tres viviendas que aparecen en los albaranes de entrega como supuestos receptores de materiales», el ex edil ha sido categórico, afirmando que «son viviendas de propiedad municipal» y no propiedades de particulares, como señalaba la acusación.
El extitular de Urbanismo también ha precisado que el valor total de los materiales reflejados en los albaranes incluidos en el sumario asciende a 30.000 euros, una cifra muy inferior a los 200.000 euros señalados por el actual equipo de Gobierno. Esta diferencia cuantitativa introduce un nuevo elemento de controversia sobre la dimensión real del caso. (VEA NUESTRA PORTADA DE HOY)
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