🎙️ Informativo 15/01/2025
La esperanza de encontrar a Lucía García, una mujer de 78 años que padecía principios de Alzheimer y desapareció en Turre en octubre de 2016, se topa de nuevo con un muro, esta vez administrativo. La quinta búsqueda organizada por la asociación Guardias Civiles Solidarios (AGCS) –formada íntegramente por miembros del Cuerpo de la Guardia Civil– está paralizada a la espera de que la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía autorice el uso de detectores de metales, una herramienta crucial nunca empleada antes en este caso.
La asociación, que lleva años investigando esta desaparición de forma altruista, planeaba para este mes de enero un operativo sin precedentes. El dispositivo consistiría en dos fases: primero, un levantamiento fotogramétrico con drones de una extensa zona, y después, una batida con un gran grupo de voluntarios entre los que se incluirían detectoristas deportivos de metales. El objetivo concreto es localizar objetos metálicos personales que Lucía llevaba consigo, como anillos o cadenas, o pequeños restos, que podrían ofrecer una pista definitiva tras casi una década.
Este contexto explica la urgencia y el enfoque de la nueva búsqueda. Lucía desapareció el 22 de octubre de 2016 en la pedanía de Royo Morera, en la Sierra Cabrera. Salió de su casa hacia las 16:00 h para visitar a su hermana, que vivía a unos 150-200 metros, y fue vista por última vez al pasar un muro que bloqueaba la vista al último tramo del camino. Nunca llegó a su destino. Para su familia, especialmente para su hija Beatriz, la incertidumbre ha sido una carga insoportable durante nueve años. Beatriz ha rechazado siempre la teoría simplista de la desorientación y ha reclamado sin descanso que se agoten todos los medios para encontrar a su madre, sin descartar ninguna hipótesis.
La esperanza de encontrar a Lucía García, una mujer de 78 años que padecía principios de Alzheimer y desapareció en Turre en octubre de 2016, se topa de nuevo con un muro, esta vez administrativo. La quinta búsqueda organizada por la asociación Guardias Civiles Solidarios (AGCS) –formada íntegramente por miembros del Cuerpo de la Guardia Civil– está paralizada a la espera de que la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía autorice el uso de detectores de metales, una herramienta crucial nunca empleada antes en este caso.
La asociación, que lleva años investigando esta desaparición de forma altruista, planeaba para este mes de enero un operativo sin precedentes. El dispositivo consistiría en dos fases: primero, un levantamiento fotogramétrico con drones de una extensa zona, y después, una batida con un gran grupo de voluntarios entre los que se incluirían detectoristas deportivos de metales. El objetivo concreto es localizar objetos metálicos personales que Lucía llevaba consigo, como anillos o cadenas, o pequeños restos, que podrían ofrecer una pista definitiva tras casi una década.
Este contexto explica la urgencia y el enfoque de la nueva búsqueda. Lucía desapareció el 22 de octubre de 2016 en la pedanía de Royo Morera, en la Sierra Cabrera. Salió de su casa hacia las 16:00 h para visitar a su hermana, que vivía a unos 150-200 metros, y fue vista por última vez al pasar un muro que bloqueaba la vista al último tramo del camino. Nunca llegó a su destino. Para su familia, especialmente para su hija Beatriz, la incertidumbre ha sido una carga insoportable durante nueve años. Beatriz ha rechazado siempre la teoría simplista de la desorientación y ha reclamado sin descanso que se agoten todos los medios para encontrar a su madre, sin descartar ninguna hipótesis.
UN MARCO LEGAL QUE NO CONTEMPLA EXCEPCIONES HUMANITARIAS
El principal obstáculo es legal. Un Decreto Ley de la Junta de Andalucía (3/2024) prohíbe desde febrero de ese año el uso de detectores de metales de forma general, salvo para actividades arqueológicas autorizadas o para usos muy concretos por parte de empresas de servicios o en actividades mineras. Aunque la normativa incluye una excepción para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el ejercicio de sus funciones, la asociación, pese a estar formada por guardias civiles, actúa en este caso como una entidad civil sin despliegue oficial, lo que la sitúa en un vacío legal.
UN MES DE SILENCIO ADMINISTRATIVO
Ante este vacío, la AGCS, con sede en Granada y registrada en el Ministerio del Interior, tomó la iniciativa. En noviembre de 2025, se pusieron en contacto con la Consejería de Cultura para explicar la naturaleza humanitaria de su petición y solicitar una autorización excepcional. Incluso propusieron que efectivos de la Guardia Civil en activo supervisaran el uso de los detectores para garantizar su correcta utilización y evitar cualquier riesgo para el patrimonio.
La respuesta, fechada el 15 de diciembre de 2025, fue un escueto «copia y pega» del texto del decreto, sin abordar ni reconocer la petición de excepción. La asociación reiteró su solicitud de inmediato, pero ha transcurrido más de un mes sin ninguna nueva comunicación por parte de la administración autonómica, dejando todo el operativo en punto muerto.
CUATRO BÚSQUEDAS PREVIAS Y UNA TEORÍA FUNDAMENTADA
Desde 2020, la AGCS ha dirigido cuatro dispositivos diferentes en la zona, llegando a revisar con gran riesgo minas verticales de hasta 150 metros de profundidad, pozos y otros objetivos marcados, sin localizar ningún indicio relevante. La frustración es palpable.
Sin embargo, la asociación mantiene una teoría firme. José Cabrera, presidente de la AGCS y galardonado con distinciones como la Bandera de Andalucía o el Premio de la Fundación QSD Desaparecidos por esta labor, explica: «Según las estadísticas, más del 90% de los desaparecidos aparecen cerca de donde se les vio por última vez. Lucía pudo tener un accidente en alguna zona cercana a la casa«. Por ello, insisten en que la búsqueda debe concentrarse en el radio más próximo al lugar de su desaparición, donde los detectores de metales podrían ser decisivos para encontrar un pequeño objeto personal que dé la clave.
La asociación critica abiertamente la actitud de la Junta, señalando que «lamentan que sea la administración Andaluza la que les ponga zancadillas en estos asuntos, cuando en otras Comunidades Autónomas les facilitan cualquier tipo de actuación similar».
EL COMPROMISO DE UNA ASOCIACIÓN ÚNICA
Los Guardias Civiles Solidarios son una organización singular. Creada y gestionada en su tiempo libre por siete guardias civiles, su labor se extiende mucho más allá de este caso. En su historial figuran cerca de 90 dispositivos de búsqueda de personas desaparecidas –muchas de ellas en casos olvidados de larga duración–, y una ingente labor humanitaria.
Mientras la familia de Lucía García cumple nueve años de angustia, la quinta búsqueda que podría arrojar nueva luz sobre su desaparición depende de un permiso administrativo. La AGCS tiene claro que, con autorización o sin ella, seguirán buscando. Pero si la Junta de Andalucía no responde, lo harán con una mano atada a la espalda, privados de una tecnología que podría, por fin, encontrar lo que cuatro búsquedas anteriores no han podido y ofrecer el ansiado cierre a una familia que lleva una década esperando respuestas. (VEA NUESTRA PORTADA DE HOY)
