El Juzgado nº 1 de Vera ha admitido a trámite la denuncia de la Fiscalía contra cuatro empleados municipales de Garrucha por supuestas irregularidades en la elaboración y cobro de nóminas. En algunos casos, la cantidad presuntamente defraudada alcanzaría los 1.000 euros mensuales.
Los hechos investigados fueron denunciados por el concejal de Urbanismo Álvaro Ramos el pasado 6 de mayo a la Fiscalía, quien ha dado.
Ramos expone que los responsables de nóminas, contratación, tesorería e intervención estarían generando «en su propio beneficio alteraciones salariales sin respaldo administrativo, fiscalización previa ni justificación legal». Con ese fin, incluían en sus nóminas, y las de otros trabajadores municipales, «aumentos salariales sin acto administrativo que los respalde, pagos extraordinarios en concepto de productividades y atrasos sin justificación, duplicidad de nóminas, anticipos fuera de los límites legales y procesos de promoción o estabilización laboral supuestamente irregulares». La denuncia también apunta la «emisión de cheques desde cuentas municipales sin control ni fiscalización». Y, para no desequilibrar el presupuesto destinado a Personal, los citados en la denuncia «habrían compensado las cantidades percibidas, de manera supuestamente irregular, rebajando las cantidades correspondientes a otros compañeros», destaca Ramos.
Los incrementos salariales denunciados llegaban «hasta los 1.000 euros mensuales», a los que habría que añadir, según el concejal, «nóminas cobradas dos veces y adelantos no devueltos».
DESDE 2013
Ramos explica al fiscal que ha tratado de conocer el origen de los hechos denunciados, consultando hasta en 8 ocasiones al Departamento de Intervención y los registros de acuerdos municipales, aunque sin obtener respuesta. Incorpora por eso 15 ejemplos de nóminas y complementos modificados al alza sin, presuntamente, autorización del Gobierno municipal; anomalías que vendrían dándose, según la denuncia, desde 2013, en el ejemplo más remoto, hasta otros detectados en los últimos años.
Los asuntos denunciados no son idénticos, aunque siempre están relacionados con la ampliación de los emolumentos a funcionarios sin mediar ningún tipo de procedimiento o resolución de los órganos políticos municipales: «ingresos de algunos funcionarios de otras administraciones distintas al Ayuntamiento incurriendo en incompatibilidad; percepción de retribuciones salariales de, al menos, tres cargos simultáneos en otros entes públicos, realizando las funciones dentro de la misma jornada laboral; aumento de bases salariales injustificadas; aumento también de los complementos específicos sin informes de respaldo»; adelantos de pagas extras que luego no se devolvían y así, como hemos dicho, hasta 15 ejemplos que se ponen en conocimiento de la Fiscalía, añadiendo en todos y cada uno de ellos, el mismo final: «tras ignorar, tanto funcionarios como Alcaldía, mis peticiones de los justificantes de estos incrementos económicos, y tras haber consultado actas de pleno, juntas de Gobierno y libros de decretos, se puede comprobar que no existe ninguna documentación que justifique las modificaciones de salarios y/o complementos», expone Ramos.
MALVERSACIÓN Y PREVARICACIÓN
El concejal de Urbanismo informa al fiscal de que los acusados podrían haber incurrido en «malversación de caudales públicos, prevaricación, omisión del deber de perseguir delitos, usurpación de funciones públicas, infracción de las normas sobre incompatibilidades, obstrucción al control institucional y la transparencia y vulneración de derechos institucionales».
La documentación entregada a la Fiscalía incluye actas oficiales, nóminas, registros de entrada, correos electrónicos y comparecencias internas que, según el denunciante, «prueban las irregularidades y la negativa de los responsables a facilitar información».
El Ministerio Público ha visto indicios de delito en los hechos informados por Ramos y, por tanto, denunció el caso ante el Juzgado de Vera, que lo ha admitido a trámite e iniciado las diligencias previas. (VEA NUESTRA PORTADA DE HOY)
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