El delegado del Gobierno descarta «ningún mal funcionamiento» institucional en el caso del niño de Garrucha

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha afirmado que no consta «ningún mal funcionamiento» en la actuación de las instituciones públicas en relación con la muerte del niño de cuatro años en Garrucha. Fernández asegura que no existe «ninguna denuncia formal de ningún familiar» que señale fallos en la labor de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

El responsable de la Administración del Estado en la comunidad autónoma señaló que, como en cualquier procedimiento que afecta a un menor, las actuaciones deben analizarse «pormenorizadamente». Añadió que, de existir «algún tipo de actuación por parte de las instituciones intervinientes que hubiera generado cualquier disfunción, se pondría de manifiesto de forma inmediata».

Fernández subrayó que la investigación sobre lo ocurrido corresponde en exclusiva a la autoridad judicial. «Es un tema que está judicializado, subiúdice, y cualquier cuestión que afecte al caso está en manos de quien lo instruye», precisó, remitiendo todas las cuestiones sustantivas al Juzgado de Instrucción número 4 de Vera, que lleva el caso bajo secreto de sumario.

Estas declaraciones entran en contraste con versiones previamente difundidas. El abogado de la familia del menor, José Luis Martínez, explicó en este medio que la tía-abuela del niño habría acudido a la Guardia Civil de Garrucha para poner en su conocimiento que el pequeño presentaba un hematoma, aunque no llegó a formalizar una denuncia por escrito. El letrado, que representa al abuelo materno —ya constituido como acusación particular—, extendió sus críticas más allá de las instituciones, afirmando que «aquí ha fallado todo» y señalando también a vecinos que grabaron presuntos maltratos sin denunciarlos, al centro educativo del niño y a la sociedad en general.

El delegado no se refirió en sus declaraciones a este episodio concreto ni a las críticas sociales, centrándose en la inexistencia de denuncias formales que acrediten un fallo institucional. La investigación judicial, que mantiene en prisión a la madre del menor y a su pareja, deberá ahora dilucidar la secuencia completa de los hechos, incluida la posible existencia de alertas previas y la respuesta que recibieron.(VEA NUESTRA PORTADA DE HOY)
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