El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha ordenado repetir parte del procedimiento de licitación del servicio de agua de Garrucha al considerar que la empresa Amedida fue excluida de forma irregular del concurso durante la anterior legislatura. La sentencia anula el acuerdo de la mesa de contratación que descartó su oferta y obliga a retroceder el proceso al momento anterior a dicha exclusión, lo que en la práctica reabre la puja por el contrato y supone un jarro de agua fría para la UTE Aguas de Garrucha, adjudicataria final del servicio.
El fallo judicial, dictado el pasado 16 de julio, es contundente en su fundamentación. La clave de la disputa fue la decisión del Ayuntamiento, entonces gobernado por el PSOE, de excluir a Amedida al considerar que su estudio económico no era riguroso por no incluir los costes financieros de la parte de la inversión (un 35%) que planeaba afrontar con fondos propios. Sin embargo, el TSJA, auxiliado por un perito judicial, determinó que la oferta de Amedida era perfectamente viable, que contemplaba todos los gastos y, crucialmente, que incluía una «retribución implícita» por el uso de su capital propio, cumpliendo así con la legalidad. Este visto bueno técnico y judicial obliga ahora a rehacer el proceso desde el punto en que se cometió el error.
La consecuencia directa de la sentencia es la reapertura de una incertidumbre jurídica y económica sobre un contrato vital para el municipio. Si bien el servicio sigue en manos de la UTE adjudicataria por el momento, la reapertura del procedimiento deja abierta la puerta a un posible cambio en la titularidad de la concesión o a complejas reclamaciones indemnizatorias en el futuro.
Ante este escenario, el actual equipo de Gobierno de Garrucha, encabezado por el PP, ha cargado con dureza contra la gestión del anterior ejecutivo socialista. En un comunicado urgente, el Consistorio alerta de que la «nefasta gestión» de la entonces alcaldesa María López Cervantes y su equipo, con un concurso que consideran «plagado de irregularidades», puede condenar al municipio a una «auténtica catástrofe financiera».
Desde el Ayuntamiento de Garrucha se advierte de que esta situación podría obligar no solo a devolver los 4 millones de euros del canon de adjudicación, sino también a afrontar indemnizaciones millonarias por lucro cesante, lo que, aseguran, supondría «la ruina de Garrucha durante décadas». (VEA NUESTRA PORTADA DE HOY)
-TAMBIÉN LE PUEDE INTERESAR:
Garrucha: Un Guardia Civil pierde parte de un dedo al ser mordido en una intervención
