La plantilla del servicio de limpieza viaria y de playas de Pulpí ha mostrado públicamente su profunda preocupación ante el estancamiento en las negociaciones de su nuevo convenio colectivo. Los empleados señalan que, tras meses de conversaciones, las propuestas puestas sobre la mesa por la patronal resultan del todo insuficientes para cubrir sus necesidades básicas y reconocer el esfuerzo diario que requiere mantener en óptimas condiciones las calles, espacios públicos y la costa del municipio.
Entre las principales demandas del colectivo destaca la actualización urgente del salario base, que actualmente se sitúa para la mayoría entre los 1.100 y los 1.300 euros netos mensuales, con retribuciones anuales por debajo de los 25.000 euros brutos. La plantilla exige tomar como suelo el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) de forma efectiva y sin que el cumplimiento del salario base se compense o enmascare mediante pluses o complementos.
A la precariedad salarial se suma la disconformidad con el tratamiento de la antigüedad. La propuesta planteada por la empresa prevé reiniciar el cómputo de los trienios a partir del 1 de enero de 2027, asignando una cuantía de 17 euros al mes por cada período de tres años cumplido desde esa fecha. Esta medida obligaría a los empleados con más años de servicio a esperar hasta 2030 para empezar a cobrar el primer trienio, eliminando en la práctica el reconocimiento a la experiencia acumulada.
El conflicto laboral ya tuvo un momento de máxima tensión el pasado mes de junio, cuando la plantilla llegó a convocar una huelga para presionar por sus derechos. Sin embargo, el paro fue desconvocado a solo dos días de su inicio tras recibir presiones de la empresa y del Ayuntamiento, con el compromiso implícito de que se reanudaría el diálogo para alcanzar una solución justa. Tras el parón estival y la celebración de las fiestas locales —período en el que los trabajadores sacaron adelante el servicio sin avances negociadores—, las conversaciones se han retomado bajo un escenario de mayor rigidez.
Los representantes de los trabajadores denuncian encontrarse atrapados en un cruce de acusaciones entre la empresa adjudicataria y el Consistorio pulpileño. Mientras la compañía afirma que las condiciones salariales dependen de la dotación económica presupuestada por el Ayuntamiento, la Administración municipal redirige la responsabilidad a la gestión privada del personal y rechaza asumir costes superiores a los de sus empleados directos. Además, la plantilla advierte de que se les ha trasladado un ultimátum: aceptar las condiciones propuestas o resignarse a que el servicio vuelva a licitarse manteniendo el marco laboral actual, una maniobra que consideran una presión inaceptable para frenar sus reivindicaciones. (VEA NUESTRA PORTADA DE HOY)
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