🎙️ Informativo 13/03/2026
La Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) ha remitido un informe de gran calado al juez del ‘caso Koldo’ en la Audiencia Nacional. El documento, elaborado a petición de la Fiscalía Anticorrupción, pone bajo sospecha once contratos públicos de Adif y la Dirección General de Carreteras, señalando un patrón de comportamiento que favoreció presuntamente a determinadas constructoras mediante el uso de criterios subjetivos y modificaciones presupuestarias injustificadas.
Estas irregularidades detectadas coinciden con la etapa en la que la presunta trama del Caso Koldo tenía influencia en el Ministerio de Transportes.
EL CASO DEL TRAMO PULPÍ-VERA COMO EJEMPLO DE SOBRECOSTES
Uno de los puntos más críticos del informe de Hacienda se centra en las obras de la plataforma del corredor mediterráneo de alta velocidad en Almería, específicamente en el tramo que une Pulpí y Vera. Según los auditores, una vez adjudicado el proyecto a Acciona, la empresa planteó una serie de deficiencias técnicas de forma inmediata.
Esta maniobra permitió tramitar una modificación del contrato que elevó el gasto en más de 24 millones de euros. Lo que ha despertado las alarmas de la IGAE es que dicho incremento supuso exactamente un 19,93 % del presupuesto original. Hacienda sostiene que es difícil creer que estos fallos fueran «imprevisibles» y sospecha que el porcentaje se ajustó artificialmente para quedarse justo por debajo del 20 %, límite legal que obliga a solicitar un dictamen del Consejo de Estado.
ADJUDICACIONES DECIDIDAS POR JUICIO DE VALOR
El informe detalla que tanto en el tramo de Pulpí a Vera como en los soterramientos ferroviarios de Murcia, el sistema de puntuación fue determinante. En lugar de priorizar las ofertas económicas más ventajosas (criterios de fórmulas), el peso de la adjudicación recayó en los «juicios de valor» emitidos por los técnicos.
Esta valoración subjetiva permitió que empresas como Acciona, individualmente o en alianza con otras como Ferrovial, obtuvieran distancias de puntuación insalvables para el resto de licitadores. En la práctica, esto convertía el concurso público en una decisión discrecional donde otros competidores no tenían opciones reales de ganar, a pesar de presentar mejores condiciones técnicas o precios más competitivos.
UN PATRÓN DE CONDUCTA EN INFRAESTRUCTURAS DEL ESTADO
La investigación de la IGAE no se limita a Almería. El mismo esquema de aumentos presupuestarios cercanos al límite del 20 % se repitió en el Puente del Centenario de Sevilla y en la autovía A-68 en La Rioja. En estos casos, las obras se encarecieron de forma significativa poco después de ser adjudicadas, eludiendo nuevamente la fiscalización más estricta de los órganos consultivos del Estado.
Además, Hacienda advierte de que en varios contratos de la Dirección General de Carreteras, las puntuaciones otorgadas a las empresas ni siquiera figuran firmadas por los funcionarios responsables ni debidamente justificadas en los expedientes. Esta falta de transparencia refuerza la tesis del magistrado Ismael Moreno sobre la existencia de irregularidades sistémicas en la gestión de infraestructuras durante el periodo investigado. (VEA NUESTRA PORTADA DE HOY)
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