El titular del nº 3 de lo Penal de Almería ha citado este martes, 3 de junio, a las 9:30, a Antonio Segura y otros cinco acusados, para ser juzgados por presunto tráfico ilegal de agua. La Fiscalía les imputa un presunto delito contra el medio ambiente y los recursos naturales.
Junto a Segura comparecen su socio en Chumbos del Almanzora -un empresario de Arboleas-; otro empresario que supuestamente les compraba el agua y las tres sociedades que cada uno de ellos representaba, entre ellas, la SAT Climasol. Son, en definitiva, tres personas físicas y tres jurídicas.
Junto al fiscal estará el representante de la acusación particular, ejercida por la mercantil SARAMA, y el de la Asociación por el Medio Ambiente Y la Transparencia (AMAYT), que acudirá en calidad de testigo y perito judicial.
El fiscal solicita un año y medio de cárcel para cada uno de los seis acusados e indemnizar a la Junta con 343.249,92 euros por la venta de 1,7 Hm3 de agua supuestamente sustraída de la cubeta de Overa o la cola del pantano -aún sin determinar-, aunque, en todo caso, hablamos de agua pública. La indemnización es resultado de tasar a 20 céntimos el m3, cuando el precio al que Antonio Segura y su socio lo vendían era de 50 céntimos, según las facturas aportadas al sumario por la Policía Judicial.
Ésta acredita en su informe que el pozo de la Terrera explotado por Antonio Segura, situado en Overa, en la cola del pantano o sobre la cubeta de Overa, carecía de permiso. No sólo eso, las pesquisas de los agentes les llevan a concluir que el suelo es propiedad de la Junta y que en ningún momento se autorizó a realizar las extracciones.
También señalan a la SAT Climasol, dirigida por Segura, por la compra de los recursos de la Terrera y la participación de alguno de sus trabajadores en las operaciones de distribución.
SARAMA ha insistido en que se amplíe el periodo de investigación hasta 1995, año en que Segura reconoció en sede judicial que ya extraía agua en esos terrenos públicos, pero, de momento, el caso se ciñe a 18 meses, desde noviembre de 2017 a mayo de 2018.
El asunto tiene gran relevancia a tenor de las fianzas que el juez instructor del Juzgado Nº 1 de Huércal Overa, ordenó depositar mediante una providencia, de fecha 23 de agosto de 2022, imponiendo a cada uno de los procesados el depósito de 457.655 euros; casi 3 millones de euros que, por alguna razón, nunca llegaron a ser entregados por los acusados.
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