“Don Antonio, ¿sabe usted por qué está aquí?”, preguntó la titular del Juzgado Nº 1 de Huércal Overa. Don Antonio es Antonio Segura, actual presidente de las SAT Climasol, de Vera, y Bajo Almanzora, y conocido abogado cuevano que ha ejercido toda su carrera desde el bufete que dirige en Vera, en el piso superior de donde se encuentra la sede de la SAT Climasol. Antonio comenzó por alquilar el piso inferior a la SAT y acabó convenciendo a la sociedad de que lo mejor era que se lo comprara. Sobre este acuerdo inmobiliario los socios preguntados por Actualidad Almanzora no saben mucho; en realidad no saben nada: “se compró y ya está”, dice uno; “Antonio da cuenta verbal de las cosas, pero no entrega un documento”, dice otro; “en realidad siempre saca sus propuestas adelante porque lleva en el bolsillo una treintena de votos delegados”.
Un día lejano, hablamos de los años 90, Antonio Alonso, presidente entonces de la SAT, lo acogió como asesor, y a Segura le interesó tanto el tema del agua y los regadíos que, primero, se encaramó a la vicepresidencia de la SAT y más tarde, cuando llegó el tiempo final de Antonio Alonso, subió a la presidencia. Familiares de Alonso hacen un indisimulado gesto de desaprobación cuando surge este tema. El recuerdo que tienen de Antonio Alonso con Antonio Segura no les resulta agradable.
En los últimos años, a Antonio Segura se le han torcido las cosas -“La ruinosa gestión de Segura deja a la SAT imputada, sin 8 millones y ‘pillada’ en Codeur”-. Está inmerso en dos procesos judiciales de incierto resultado: el primero por “presunto robo de agua pública”, explica la mercantil Sarama, que es quien le ha denunciado. El asunto se verá en un juzgado de lo Penal de Almería muy pronto, el próximo 3 de junio. La Fiscalía pide para él 18 meses de cárcel e indemnizar a la Junta por el agua presuntamente sustraída -hay otros cinco imputados, entre ellos la SAT Climasol-. En un segundo proceso es también Sarama quien le acusa, esta vez en calidad de presidente de la SAT Bajo Almanzora, por un conjunto de presuntas irregularidades en la instalación de un ramal para riego.
“¿SABE USTED POR QUÉ ESTÁ AQUÍ?”
“Don Antonio, ¿sabe usted por qué está aquí?”, le preguntó la juez del Juzgado Nº 1 de Huércal Overa el pasado 24 de abril. “Sí”, respondió el abogado con voz débil. “Le ha denunciado la entidad Sarama por una serie de daños causados en su finca”, aclaró su señoría. En realidad, Sarama le acusa de daños y de bastantes cosas más. Por ejemplo, de carecer de documentos y permisos imprescindibles para llevar a cabo la obra. Segura lo niega: “Todos los permisos, todo lo que se ha hecho en ese tramo de la tubería, está con todos sus permisos y, además, en ningún momento se pisa un solo metro de terreno de la propiedad de este señor (Sarama)”.
Sarama tiene otra versión: “Se está excavando en una rambla de Overa una zanja en el lecho para enterrar una tubería a más de tres metros de profundidad sin tomar las pertinentes y obligadas medidas de seguridad ni ambientales ni técnicas ni para la indemnidad de los trabajadores, con riesgo inminente de avenidas y derrumbes”. Carece también, dice la acusación, de licencia municipal del Ayuntamiento de Huércal Overa y de proyecto técnico visado por el Colegio de Arquitectos. “Antonio Segura miente cuando dice que lo tiene, ¡no tiene nada!”, aseveró Manolo Muñoz, representante de Sarama en su declaración ante la juez.
Segura, como presidente de la SAT Bajo Almanzora, sí pudo mostrar una resolución del 3 de agosto de 2022 emitida por la Consejería de Medio Ambiente, aprobando la instalación de la tubería, pero el documento no es un cheque en blanco. Señala que la autorización “está sujeta a una serie de condicionamientos”, explicó el abogado de la acusación: “esa autorización sólo es válida si viene acompañada de las preceptivas autorizaciones administrativas, sin menoscabo del derecho de propiedad, ojo a esto, y es una autorización supeditada a innumerables requisitos, como la elaboración de un proyecto técnico, la obtención de un permiso de la Consejería de Medio Ambiente, un permiso de paso por finca particular, una licencia municipal de obra mayor, etc.”.
Antonio Segura insistió en su declaración en que la obra -actualmente paralizada por Sarama, que ha colocado varias máquinas agrícolas para impedir el avance-, es legal. Y aportó a la juez, días después de su comparecencia, un documento pretendiendo acreditar su afirmación. Sin embargo, ese documento da la impresión de que agrava más que alivia la situación del abogado regante. Veamos por qué.
LA OBRA CARECÍA DE LICENCIA
La tubería comenzó a colocarse a finales de 2022, pero en el documento aportado por Antonio Segura el Ayuntamiento de Huércal Overa no concedió la licencia hasta el 30 de mayo de 2023, es decir, siete meses después de estar las obras en curso.
Recordemos que Segura le dijo a la juez que contaba con “todos los permisos”; que “todo lo que se ha hecho en ese tramo de la tubería está con todos sus permisos”. Y podría ser cierto en la fecha de su declaración el 24 de abril pasado, e incluso antes, pero hay una relevante discrepancia entre lo que afirma verbalmente y lo que puede acreditar, pues en el momento en que todo estalla y Sarama denuncia, a finales de 2022, el presidente de la SAT Bajo Almanzora no podía tener en su poder la obligatoria licencia municipal, pues ésta fue otorgada por el Ayuntamiento de Huércal Overa siete meses después, el 30 de mayo de 2023. Él mismo lo reconoce por escrito, Se desprende de esto que la obra arrancó sin el conjunto de permisos que obliga la ley. El detalle podría haber pasado inadvertido, pero no. Sarama interpuso querella y estas cosas salen a la luz.
No es la primera vez que el abogado Antonio Segura sorprende con unas declaraciones que más que disculparle le comprometen. En una comparecencia en fase de diligencias previas que hizo durante la instrucción de un caso anterior, el del supuesto robo de agua pública en Overa -que se juzgará el próximo 3 de junio-, Segura dijo tener permiso para el pozo y la extracción, pero preguntado si podía aportar ese permiso, contestó que en su día lo solicitó y no le contestaron. Dicho de otra manera: el silencio administrativo lo interpretó como afirmativo para sus pretensiones.
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