🎙️ Informativo 25/02/2026
CLEMENTE FLORES MONTOYA
En la anterior entrega, tras decidir hablar de comportamiento de la Administración en las últimas catástrofes, y en particular del Gobierno, comenzamos por el caso de la DANA.
El Sr. Sánchez, olvidando o ignorando los más de 20 episodios similares registrados históricamente, se fue a Bakú para pregonar que todo había sido consecuencia del cambio climático Tenemos un presidente cuya actuación miserable en esta ocasión me produjo estupor y desprecio. ¿Cuándo dejarán de recurrir a la muletilla del cambio climático para ocultar los resultados de su inoperancia y de sus malas acciones?
Ningún representante de su gobierno acudió en un primer momento al lugar del desastre. La ministra para la Transición Ecológica ocultó lo que se debería haber hecho y lo que se dejó de hacer parar evitar el desastre. Nadie ha concluido y explicado por qué no se habían iniciado las obras proyectadas hacía varios años y por qué no funcionaron los sistemas de alarma automática instalados en el Barranco de Poyo. El desastre se podría y se debía haber evitado. Fruto de experiencias de riadas anteriores fue el proyecto “Adecuación ambiental y drenaje de la cuenca del Poyo vertiente a la Albufera de Valencia” sometido a evaluación de impacto ambiental el 14 de diciembre de 2006 y que Teresa Ribera aprobó, sin prisas, como secretaria de Estado, el 12 de diciembre de 2011. La vicepresidenta, antes de salir hacia Europa, donde “nadie” se molestaría en pedirle explicaciones, recordó que correspondía al gobierno de Mariano Rajoy que sucedió al de Zapatero, y no le faltó razón porque el gobierno del PP (2012-2018) no las acometió. Lo que la señora vicepresidenta no dijo es que las obras tampoco fueron acometidas por los gobiernos posteriores (años 2018 a 2024) en que ha gobernado el PSOE y que de ella misma, ministra de Cambio Climático y Reto Demográfico, dependió la Confederación Hidrográfica que debía acometer las obras cuyo objetivo era la reducción del riesgo de inundación.
Las responsabilidades sobre los hechos acaecidos afectaban al Ministerio y/o Confederación por las cosas que habían dejado de hacer en tiempos pasados como por lo que se dejó de hacer o permitir en tiempos presentes.
La Confederación debía, además, haber denunciado y evitado la ocupación de cauces por urbanizaciones y viviendas, el aterramiento de cauces, la colocación de puentes de pilas con orientación desfavorable al curso de las aguas y/o tableros bajos y el crecimiento descontrolado de maleza en los cauces. No hay que olvidar que la Confederación había elaborado los mapas de zonas inundables, ¿para qué sirvieron las instalaciones del Sistema SAIH (Información Automática Hidrológica) que hacía bastantes años tenía la Confederación incluso en El Poyo?
¿Cómo no hablar de la Generalitat Valenciana? Una juez tan insistente como, a mi parecer, ignorante en catástrofes, ha centrado sus investigaciones en averiguar minuto a minuto lo que hizo el presidente Mazón la tarde de marras cuando la tromba de agua estaba ya a medio camino y el cúmulo de imprevisiones empezaba a ponerse de manifiesto. No hacían falta, a mi juicio, estos sesudos análisis. Aproximadamente la mitad de los cadáveres que nos dejó la riada aparecieron dentro de los edificios.
¿Alguien ha oído decir a cualquier autoridad del país que la protección de la vida de las personas es prioritaria frente al medio ambiente? ¿Quién había aprobado los proyectos y controlado la construcción de dichos edificios en zonas inundables? ¿Quién había aprobado los Planes de Ordenación Urbana de los Municipios?
El desarrollo de un urbanismo rampante, sin ningún respeto ni a la naturaleza ni a las leyes naturales, hacía años que había ocupado cauces y había hecho desaparecer incluso barrancos en las zonas devastadas. Incluso extensas zonas de huertas que comenzaron a explotarse a principios de siglo habían desaparecido ocupados por la trama urbana y/o zonas industriales y por servicios varios. ¿Ha admitido alguien alguna responsabilidad? Lo que ocurrió era previsible, las causas estaban a la vista y el desastre tuvo lugar. El drama venía amasándose desde tiempo atrás.
Ninguna administración del Estado estuvo a la altura que se podía esperar ni en la planificación ni en la reacción en el momento de producirse el fenómeno. Han fallado todas las instituciones del Estado y ahora todos se culpan entre ellos. No tenemos un Estado decente, pero podemos celebrar, para muchos desgraciadamente ya no es un consuelo, que al menos tenemos un país solidario para hacer el futuro. Ahí están los voluntarios. Ninguna institución pública ha sacado conclusiones que permitan asegurar que no pueda volver a ocurrir lo ocurrido. Al gobierno, Sr. Puente, parece no importarle. Siempre le quedará el cambio climático como justificación y la mentira como recurso.
Continuará.
