El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Vera ha citado a la exalcaldesa de Garrucha, María Antonia López Cervantes, a declarar el 17 de septiembre, a las 10:00, en calidad de investigada.
López Cervantes está acusada de contratar en agosto de 2021, por decreto y sin cumplir el procedimiento legal, a una auxiliar administrativa que previamente había formado parte de la candidatura socialista encabezada por la ahora imputada. La investigación judicial se ha ampliado a decenas de contratos más, algunos de ellos con reparos de la Intervención municipal.
En ese sentido, la citación emplaza a la exalcaldesa a acudir al juzgado el próximo 17 de septiembre, y de no comparecer, podrá ser sancionada con multa de 200 a 5.000 euros.
Un día después, el 18 de septiembre, también a las 10:00, ha sido citado a declarar en calidad de perjudicado el edil Álvaro Ramos (‘Garrucha con la Gente’), quien denunció en su día las presuntas irregularidades cometidas por la exalcaldesa socialista.
Las citaciones se producen después de que la Audiencia Provincial de Almería revocase el auto de sobreseimiento y ordenase continuar la instrucción en la causa contra la exalcaldesa, investigada originalmente por un presunto delito de prevaricación administrativa y otro contra los derechos cívicos.
El concejal Urbanismo del Ayuntamiento Garrucha, Álvaro Ramos, ha valorado la citación judicial y recuerda que “durante cuatro años en la oposición, hemos estado solicitando información a la anterior alcaldesa sobre la contratación a dedo de militantes del PSOE, así como de familiares y allegados de militantes socialistas, y siempre nos han negado el acceso a esa información, hasta tal punto que hemos tenido que certificar mediante notario que nos impedía el acceso a esa información”.
El concejal añade que “hablamos de más de una veintena de contratos presuntamente irregulares que han provocado que el presupuesto de gasto en personal municipal haya subido un 65%, al mismo tiempo que han dejado al Ayuntamiento completamente endeudado y en la ruina, con el menoscabo que eso supone para los vecinos de Garrucha”.
Para Ramos, eso supone “un gasto insostenible y, además, impide que se puedan realizar las inversiones necesarias en nuestro municipio, porque entre pagar deudas heredadas y sueldos de esos contratos presuntamente irregulares, la capacidad económica del Ayuntamiento está muy mermada”.
Cabe recordar que María Antonia López también está siendo investigada por la presunta desaparición de los cuatro millones de euros obtenidos por el Ayuntamiento de Garrucha a raíz de la concesión de la gestión del agua pública en el municipio, un servicio que se privatizó durante el pasado mandato. (VEA NUESTRA PORTADA DE HOY)
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