Los ciudadanos de Antas, Cuevas del Almanzora, Los Gallardos y Pulpí seguirán privados de un medio con el que deshacerse de enseres que no pueden, ni deben, depositarse en los contenedores ordinarios. Hablamos de los puntos limpios. Vera, Mojácar y Huércal Overa sí lo tienen. Los vecinos de estos pueblos pueden desembarazarse de muebles y electrodomésticos llevándolos a un punto limpio, pero antusos, cuevanos, gallarderos y pulpileños, no. Sus municipios carecen de punto limpio. En realidad sí lo tienen, pero a falta de los detalles de acabado finales.
Todo tiene que ver con la falta de un acuerdo entre el Consorcio de Basuras y la Diputación sobre quién ha de pagar los poco más de 100.000 euros que se necesitan para habilitarlos. Escasa cantidad si tenemos en cuenta que la inversión principal de 1,5 millones ya está hecha. Y así llevan dos años Consorcio y Diputación esperando que sea el otro el que haga el desembolso.
Los puntos limpios se presentaron como un avance en el ordenamiento de la recogida y tratamientos de basuras, y poco a poco se van implantando en España. Vera, Mojácar y Huércal Overa sí lo tienen y sus vecinos pueden llevar allí sus otros desechos domésticos; aquellos que entendemos como diferentes a la basura habitual. Pero lo que debería haber seguido avanzando hasta habilitarse en Antas, Cuevas del Almanzora, Los Gallardos y Pulpí se detuvo por discrepancias entre administraciones. Dos años sin ponerse de acuerdo.
No parece el tema inquietar a ninguno de los alcaldes de estas poblaciones que, de momento, siguen ofrecer el servicio de los puntos limpios. Porque si la discrepancia existe entre el Consorcio y la Diputación, los ayuntamientos son accionistas del Consorcio y beneficiarios directos de la Diputación, y tienen, por tanto, derecho a ejercer la crítica y a exigir un trato no discriminatorio para sus vecinos. Pero los primeros ediles de estos cuatro pueblos no lo hacen, al menos no informan a sus vecinos si lo hacen. Podría eximirse de ello al regidor de Antas, que sí ha sacado el asunto varias veces, incluso le ha generado alguna polémica con el diputado provincial de Obras.
El tema ha sido tratado recientemente en un Pleno de la Diputación. El Gobierno Provincial respondía al Grupo Socialista admitiendo que la falta de equipamiento ha impedido abrir los puntos limpios de Cuevas del Almanzora, Pulpí, Los Gallados y Antas, limitándose a explicar que «en los próximos meses lo resolverá».
¿QUIÉN PAGA LOS CONTENEDORES?
El asunto se detalla en la adquisición de unos contenedores específicos para este tipo de instalaciones, que requiere una pequeña inversión de unos 100.000 euros, -frente al 1.500.000 euros que ya invirtió para la construcción de estos 4 ecoparques-. Parece que será la Diputación quien se haga cargo de ello.
La cuestión surgió durante la sesión del pasado 7 de mayo a raíz de una pregunta formulada por la socialista María López, exalcaldesa de Garrucha, a la que las agrupaciones el PSOE en el Levante habían trasladado su malestar por el retraso en la apertura de estos centros, ya concluidos -repetimos- hace dos años.
José Juan Martínez Pérez, alcalde de Tíjola y diputado provincial del PP, contestó a María Antonia López que “se está redactando el expediente de contratación del equipamiento que permita la puesta en marcha de estos espacios”, de modo que, “en los próximos meses” se pueda hacer uso de ellos.
¿Por qué son un avance los puntos limpios y por qué es injustificable la demora en ponerlos en marcha? Porque extienden el servicio de recogida y tratamiento de residuos domésticos. Se retiran y se garantiza un tratamiento correcto. Hablamos de metales, madera y podas, muebles y enseres, textiles o calzados y aparatos eléctricos o electrónicos desechados, que tradicionalmente se han apilado en el entorno del contenedor más próximo, a la espera -durante días o semanas- de que se retirase. No había por tanto una fórmula precisa para deshacerse de estos elementos inservibles. No la había antes, pero ahora sí, sin embargo cuatro pueblos -Cuevas del Almanzora, Pulpí, Los Gallados y Antas- llevan dos años con las instalaciones hechas y cerradas porque nadie invierte -ni tampoco lo exigen los alcaldes (con la excepción del de Antas)- una cantidad final de 100.000 euros.
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