🎙️ Informativo 16/06/2026
Si se mantiene el cierre cautelar de dos pozos en Jauro quebrará la Comunidad de Regantes por daños estimados en 10 millones de euros. Eso ha declarado el abogado de la entidad. Joaquín Monterreal, así se llama el letrado, ha pedido al titular del Juzgado Nº 3 de Vera que anule la orden de cierre.
El precintado se llevó a cabo el pasado 31 de mayo en el marco de la Operación Astalla, desarrollada por el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (SEPRONA). Dicha investigación, que según el letrado ha durado dos años, reúne a 12 imputados, entre ellos la C.R de Jauro, y afecta a cinco pozos que se alimentan de la cubeta de la Ballabona-Sierra Lisbona-Río Aguas. El informe del SEPRONA revela una supuesta extracción ilegal de aguas para agricultura y ganadería de 9,5 Hm3 y calcula daños extraordinariamente importantes al medioambiente por valor de 407 millones de euros. Todo esto, naturalmente, ha de ser probado en un juicio al que antecede una instrucción que, de momento, ha llevado a declarar al secretario de los regantes de Jauro y tendrán que hacerlo también otros vecinos de Antas.
El abogado ha declarado que el cierre cautelar de los dos pozos de sus clientes «es un sinsentido procesal -dicho sea con todo respeto- y una quiebra absoluta del principio de proporcionalidad penal, porque constituye una pena anticipada que no podrá ser subsanada, puesto que ha condenado a muerte el sustento [hídrico] de decenas y decenas de agricultores». El letrado recuerda que «la denuncia proviene de otra comunidad de regantes en la que existe una animadversión evidente desde hace años”.
Y añade: “Hablamos de una Comunidad de Regantes (la de Jauro) fundada en 1972, que tiene sondeos autorizados, incluso subvenciones públicas para modernizarlos», y que comparte el acuífero «con otros muchísimos operadores y muchísimas comunidades de regantes”.
Pueden escuchar las declaraciones del abogado defensor aquí:
“El cierre de los dos pozos es una condena anticipada y un daño irreversible», reitera el abogado, que cuantifica en 10 millones de euros las pérdidas para los comuneros de Jauro, si se mantiene el precintado. (VEA NUESTRA PORTADA DE HOY)
