🎙️ Informativo 15/04/2026
La muerte de Lucas, el niño de cuatro años hallado sin vida en un búnker de Mojácar el pasado diciembre, ha abierto una nueva vía judicial. El abuelo del menor, Martín Bravo, ha sido admitido como acusación particular en la causa y ya ha autorizado a su abogado, José Luis Martínez, para actuar contra las instituciones que, según la familia, no evitaron la muerte del niño pese a haber sido alertadas de las sospechas de malos tratos.
El letrado ha confirmado en Radio Actualidad que las acciones judiciales se dirigirán contra el colegio al que asistía Lucas, los Servicios Sociales de la Diputación de Almería y la Guardia Civil de Garrucha. “Mi cliente me ha dado luz verde para proceder contra quienes se saltaron los protocolos. Si los protocolos hubieran funcionado, este niño estaría hoy con su abuelo”.
EL AVISO QUE NADIE ATENDIÓ
La clave está en el testimonio de Yasuri Bravo, tía abuela del menor y hermana de Martín. Según ha explicado el abogado, Yasuri acudió al colegio de Lucas para comunicar sus sospechas sobre los posibles malos tratos. Pidió hablar con la directora o con la profesora. En el centro le indicaron que no podía hacerlo por no ser la madre y la invitaron a denunciar ante la Guardia Civil.
Yasuri salió del colegio y se fue directamente al cuartel de la Guardia Civil de Garrucha. Allí, según su relato, también comunicó sus sospechas a los agentes. Pero al no presentar una denuncia formal, no se actuó. La propia Yasuri confirmaba recientemente a ACTUALIDAD ALMANZORA que la Guardia Civil abrió una investigación interna sobre los agentes que la atendieron. De hecho, aseguró que había sido citada y que ya ha prestado declaración.
Pero hay otro hecho que agrava aún más la situación. Antes de la muerte de Lucas, ya existía una orden de alejamiento de Juan David hacia Bárbara por un episodio de violencia en la vía pública. Los Servicios Sociales provinciales (Diputación de Almería) iniciaron un seguimiento de la madre y el niño.
La medida de protección hacia Bárbara y el menor nunca se cumplió y Juan David siguió conviviendo con ellos. Los responsables del servicio provincial ya habían mantenido una primera toma de contacto con Bárbara. Tenían previsto acudir el día 4 de diciembre al lugar donde la madre y el menor vivían -una habitación de alquiler- para continuar con el protocolo. Pero no llegaron a hacerlo. El día 3 de diciembre, el cuerpo de Lucas fue localizado sin vida en el búnker. El reloj se paró antes.
PRISIÓN PERMANENTE REVISABLE Y DUDAS SOBRE LA VERSIÓN DE BÁRBARA
El abogado afirma «ahora nos toca trabajar y buscar la verdad material de lo que ha sucedido. Llegaremos hasta el final y, permítame la expresión, quien se tenga que comer la prisión permanente revisable, que se la coma”. El letrado recuerda que el Código Penal contempla esa pena para el asesinato de un menor de 16 años.
Sobre la declaración de Bárbara, que la semana pasada culpó de los hechos a su expareja Juan David, el abogado ha sido claro: la familia no se cree su versión. “Hay grabaciones de una cámara donde se ve a ambos trasladando el cuerpo del niño hasta el búnker, y ciertas pruebas objetivas que podrían desmentir o desacreditar el relato de Bárbara”, ha señalado.
La acusación particular se ejercerá contra Juan David, al ser la persona que no forma parte de la familia. Pero el abogado recuerda que los investigados son dos y que será un jurado popular el que, en base a las pruebas, saque sus conclusiones. “Mi cliente lo que quiere es conocer la verdad y le da igual quién caiga”, ha insistido.
UNA ADVERTENCIA A LAS INSTITUCIONES
El letrado ha dejado claro que la familia no se limitará a señalar a los presuntos autores materiales. “Si existe una omisión de impedir un delito o de perseguirlo, también está tipificado en el Código Penal, como también lo está el delito de omisión del deber de socorro”, ha advertido.
La investigación sigue su curso. El abuelo de Lucas quiere justicia. Y, según su abogado, está dispuesto a llegar hasta el final. (VEA NUESTRA PORTADA DE HOY)
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