Los propietarios de 200 viviendas en Turre, concretamente en Sierra Cabrera, proponen un plan para legalizar sus casas, que continúan en precario al cabo de más de 30 años por carecer aún de licencia de primera ocupación. El plan incluye el pago de las infraestructuras que los promotores del sector urbanístico -el exalcalde de Los Gallardos Segundo Ramírez es uno de los mayoritarios- no llegaron a realizar en su momento.
La falta de esas infraestructuras, entre ellas algunas tan básicas como las conexiones a las redes de suministro eléctrico, agua y saneamiento, impide que el Ayuntamiento firme el protocolo de recepción de las urbanizaciones y otorgue las mencionadas licencias de primera ocupación, situando a las 200 viviendas afectadas en un limbo legal. Muchas de ellas están conectadas de manera irregular a la tubería general de agua e, incluso, a los cables de las farolas públicas.
Para resolver esta situación, los vecinos están dispuestos a pagar las infraestructuras pendientes que debieron instalar y sufragar los promotores. A cambio, piden que el sector urbanístico se restrinja a las 200 casas ya construidas y que no se autoricen las 700 pendientes en ese sector según el planeamiento urbanístico municipal. Los propietarios de las viviendas aseguran que su solución ha sido vista con buenos ojos por la Consejería de Urbanismo y el Ayuntamiento de Turre.
Aún no han contactado con Medio Ambiente, pero entiende que autorizará el nuevo plan, porque Sierra Cabrera cuenta con protección ambiental.
De esta manera podría acabar un largo conflicto entre propietarios de viviendas y promotores. Los primeros denunciaron un cambio en los estatutos de la Junta de Compensación que gestiona el sector urbano de la Sierra. Los promotores -duelos de más del 80% de los terrenos y, por tanto, de más del 80% de los votos de la asamblea- se exoneraron a sí mismos de contribuir al mantenimiento de la urbanización de acuerdo a su porcentaje de propiedad de terrenos, endosándolo íntegramente a los vecinos, mientras ellos se limitaban a sufragar teóricamente los gastos de urbanización. Decimos teóricamente porque no llegaron a promover nada más y ni siquiera terminaron las infraestructuras de las parcelas que albergan las 200 viviendas ya construidas.
Los vecinos recurrieron esta decisión ante la justicia, que les dio la razón y abrió la ventana a que exigieran el pago retroactivo de las cuotas de mantenimiento no pagadas desde 1993 por los promotores, valoradas en 2,5 millones de euros. Y lo hicieron, pero mal desde el punto de vista procedimental. Los tribunales fallaron a favor de los promotores, porque los vecinos se saltaron un paso: acudieron directamente a reclamar la cantidad adeudada ante el juez en lugar de hacerlo a la Junta de Compensación. Un error formal que les ha costado 2,5 millones.. (VEA NUESTRA PORTADA DE HOY)
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