El Tribunal Supremo (TS) ha puesto punto final al proceso judicial por el violento suceso ocurrido en Garrucha en el verano de 2022. La Sala de lo Penal del alto tribunal ha confirmado la pena de siete años de prisión para B.N., un hombre que fue condenado por el homicidio de un compatriota en plena vía pública.
El crimen tuvo lugar el 7 de junio de 2022 en una calle de la localidad almeriense, cuando B.N. y la víctima, un hombre de 40 años, mantuvieron una discusión. El desencuentro, motivado por desavenencias que ambos arrastraban desde hacía tiempo, escaló hasta que el condenado asestó 15 puñaladas a su compatriota, causándole la muerte.
UN VEREDICTO DE CULPABILIDAD MATIZADO
La sentencia inicial fue dictada por la Audiencia Provincial de Almería, después de que un tribunal de jurado declarase a B.N. culpable de un delito de homicidio. En el proceso, se consideró la existencia de una eximente incompleta de legítima defensa debido al enfrentamiento previo que se produjo entre el acusado y la víctima en el domicilio de B.N., donde se inició el altercado. Este matiz legal es el que justifica la pena final de siete años, menor a la que se impondría por un homicidio simple sin atenuantes.
El hecho sucedió sobre las 14,00 horas del 7 de junio de 2022. La víctima acudió a la casa del acusado pedirle explicaciones ante ciertos problemas que habían tenido, de modo que en la puerta del mismo domicilio se inició una discusión entre ellos en la que la víctima «dio dos golpes en la espalada» al acusado.
Así y «con la intención de defenderse», el acusado que se dio la vuelta, y sacó un cuchillo que portaba oculto entre sus ropas de más de 20 centímetros de hoja. Ante ello, la víctima «le lanzó una patada» al acusado para que soltara el cuchillo, lo que «le hizo caer al suelo, dónde el acusado le propinó 15 cuchilladas en diferentes partes del cuerpo».
B.N. se entregó a la Policía Local de Garrucha poco después de los hechos, reconociendo la autoría del apuñalamiento mortal, aunque posteriormente en sede judicial se acogió a su derecho a no declarar antes de volver a admitir el crimen.
La condena impuesta no solo establece la pena privativa de libertad, sino que también incluye el pago de una indemnización de 360.000 euros para la esposa del fallecido y sus dos hijos menores de edad. Además, la sentencia contempla la expulsión del territorio nacional del condenado una vez alcance el tercer grado penitenciario o se le conceda la libertad condicional.
Con la reciente resolución del Tribunal Supremo, que inadmite o desestima los recursos presentados, la condena de siete años de prisión se convierte en firme, cerrando definitivamente la vía judicial en este caso. (VEA NUESTRA PORTADA DE HOY)
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