La Guardia Civil pide más medios contra las mafias de la inmigración: «Es una cuestión de seguridad para la provincia»

Tras un verano marcado por las constantes llegadas de pateras a diversos puntos del Levante almeriense -la mayoría sin interceptar- y la tragedia de los ocho inmigrantes fallecidos en el desembarco de pateras en Carboneras y Níjar, los propios efectivos que luchan contra las mafias del narcotráfico y la inmigración ilegal han denunciado la «inferioridad de condiciones» en la que desarrollan su labor. Por ello, la Asociación Independiente de la Guardia Civil (IGC) ha solicitado formalmente un plan de choque a la Subdelegación del Gobierno.

«Nuestros compañeros trabajan cada día en esa provincia en inferioridad de condiciones frente a organizaciones criminales poderosas, con embarcaciones y recursos que superan con creces a los nuestros», ha afirmado Daniel Fernández, portavoz nacional de la IGC. Como ejemplo de esta disparidad, habría que recordar el abandono este verano de una potente ‘go fast’ en una playa de Vera, un hecho que evidenció la sofisticación logística de los narcotraficantes.

La petición, registrada el 11 de septiembre y aún pendiente de respuesta, reclama «más efectivos, medios adecuados y protocolos reales de seguridad». La advertencia llega cuando las promesas de contundencia realizadas por el Gobierno tras la tragedia de Carboneras aún resuenan. Los agentes subrayan que la falta de medios no solo les afecta a ellos, sino a la seguridad de todos los almerienses. «No se trata solo de reivindicar mejores condiciones para los guardias civiles, sino de garantizar la seguridad de los ciudadanos de Almería», ha insistido Fernández.

La asociación ha destacado que más de 200 puestos en la provincia carecen aún de evaluación de riesgos laborales. Los guardias civiles, cuyos efectivos han trabajado este verano en la interceptación de la llegada de pateras y la actividad relacionada con el narcotráfico marítimo exigen ahora que las palabras se traduzcan en medios materiales que equiparen una lucha que, hasta ahora, se desarrolla en desventaja.

En el escrito presentado al subdelegado se advierte de que la «desproporción operativa» no se resuelve con «parches», en alusión a los recientes anuncios políticos de refuerzo de medios. La IGC confía en que la Subdelegación del Gobierno «pondrá en marcha mecanismos efectivos para proteger a los agentes y a la sociedad almeriense», aunque por el momento la misiva sigue a la espera de respuesta.  (VEA NUESTRA PORTADA DE HOY)

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