La exalcaldesa justifica al juez que contrató por decreto a una miembro de su lista electoral para cubrir las numerosas "bajas" de funcionarios

María Antonia López (PSOE), exalcaldesa de Garrucha, declaró ayer, en diligencias previas, investigada por la contratación presuntamente irregular de Victoria Soler López.

López, que declinó responder a los abogados de la acusación -el concejal de Turre con la Gente Álvaro Ramos- y el del Ayuntamiento, reconoció, a preguntas del juez, haber contratado “de manera urgente y en prácticas” a una trabajadora para el Ayuntamiento “ante la proliferación de bajas por enfermedad”, según han confirmado a esta redacción tanto el denunciante como fuentes del PSOE garruchero.

Ambas partes añaden que María Antonia López admitió que la contratada había formado parte de la candidatura socialista en las últimas elecciones municipales y “la conocía de toda la vida por ser hija de José Soler Cano”, el Coco, veterano militante del PSOE “y viejo amigo” de la exalcaldesa.

Pero los socialistas añaden que la acusada despidió a Victoria Soler en cuanto remitieron las bajas, restando importancia a que el despido tuviera lugar después de que Álvaro Ramos presentara la denuncia y la Policía Judicial solicitara al Ayuntamiento los expedientes de las últimas contrataciones laborales. “Fue una coincidencia”, apostilla.

Por su parte, Ramos destaca que la exalcaldesa admitiera que el contrato de Victoria Soler fue “firmado por la exalcaldesa sin los informes preceptivos de Intervención y Secretaría” y que, a pesar de que fuera empleada “en prácticas, cobrara el mismo salario que los funcionarios de igual categoría”.

Y, mientras a Ramos no le cabe duda de que María Antonia López “será juzgada y condenada” tras sus declaraciones en las diligencias previas, el en el PSOE local aseguran estar “convencidos de que el juez archivará el caso”.

La querella había sido ya archivada por el Juzgado de Vera, pero la Audiencia Provincial ordenó reabrirlo. Aducía que no se había investigado lo suficiente. Ni se había tomado declaración a la acusada y al denunciante ni incluido en el expediente judicial “numerosas pruebas documentales” aportadas por el querellante.